En septiembre de 2023 Europa giró al unísono hacia Alemania. La que por norma fue una de las economías más sólidas de la zona euro daba la voz de alarma: sumar una mayor esperanza de vida con un escenario demográfico de pirámide invertida y un contexto inflacionista dejaba un panorama muy poco prometedor para quienes van a jubilarse en breve. De hecho, el sistema estaba llevando a jubilados a volver a buscar trabajo para complementar las pensiones.
Dos años después las cosas no han mejorado, así que el gobierno las ha normalizado.
Un giro estructural. El Gobierno de Friedrich Merz ha puesto sobre la mesa una propuesta clara y pragmática: permitir que los jubilados que decidan seguir trabajando cobren hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos, una medida (el llamado “plan de pensión activa”) concebida para atajar la creciente escasez de mano de obra que atenaza a la economía más grande de Europa.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo ha vendido como su “otoño de reformas” y, según el borrador legislativo en manos del Financial Times, entrará en vigor el 1 de enero. La coalición con los socialdemócratas se dispone a aprobarla con el argumento de retener experiencia y conocimiento en las empresas y elevar la tasa de empleo en un país que afronta una de las transiciones demográficas más severas del continente.
Qué se ofrece y qué se mantiene. La medida exime de impuestos hasta 2.000 euros mensuales de ingresos laborales adicionales para personas jubiladas, pero no elimina las cotizaciones: empleados y empleadores seguirán abonando contribuciones sociales sobre esos salarios, lo que (según el Ejecutivo) contribuirá a reforzar las finanzas de la sanidad y de las pensiones al tiempo que mejora la liquidez de las empresas con experiencia senior.
No se suprimen las ventajas ya existentes para quienes optan por la jubilación anticipada (la edad legal sigue siendo 67 años, con incentivos para retirarse a los 63). El cambio pretende, más bien, ofrecer un incentivo fiscal para que quien pueda y quiera prolongar su vida laboral lo haga.
Coste público y proyecciones. El propio Gobierno estima que la renuncia a recaudar impuestos por este incentivo costará alrededor de 890 millones de euros al año desde su entrada en vigor, una cifra que algunos institutos estiman optimista: el IW Institute calcula un coste anual más cercano a 1.400 millones y sitúa en unas 340.000 personas el universo potencial de beneficiarios.
Economistas como Holger Schmieding advierten, sin embargo, que el impacto neto podría volverse positivo en dos o tres años si el aumento de la actividad económica y de las cotizaciones compensa la pérdida fiscal inicial, además del posible “efecto psicológico” de valorar socialmente la contribución de los mayores.
Lecciones internacionales. El Gobierno mira, entre otros ejemplos, a Grecia: cuando Atenas permitió que los jubilados mantuvieran íntegra su pensión y tributaran adicionalmente a un tipo reducido (10%) por sus ingresos laborales, los trabajadores jubilados pasaron de 35.000 en 2023 a más de 250.000 en septiembre del año siguiente, un salto que ilustra la potencia de los incentivos fiscales para movilizar oferta de trabajo en colectivos mayores.
Esa experiencia es utilizada en Berlín como señal de que la política puede funcionar, aunque la escala, las estructuras laborales y las culturas de empleo difieren.
Consecuencias en el mercado laboral. El gesto quiere atacar varios síntomas estructurales: Alemania registra hoy algunas de las jornadas laborales medias más cortas de la OCDE y un marcado crecimiento del trabajo a tiempo parcial (que ya alcanza el 30% de la fuerza laboral, más del doble que a comienzos de los noventa). La política pretende tanto aumentar horas efectivas como retener capital humano que, de otro modo, se escaparía de las empresas.
Mantener en plantilla a personal senior puede ayudar a reducir cuellos de botella en sectores con escasez de cualificados y facilitar la transferencia de know-how, pero también plantea el reto de adaptar puestos, ergonomía y políticas internas a una plantilla más envejecida.
Riesgos políticos y económicos. El principal riesgo es doble: por un lado, la medida puede penalizar a jóvenes y empleados en etapas tempranas de carrera si las empresas optan por retener puestos con nóminas más baratas y trabajadores más experimentados.
Por otro, la estimación fiscal del Ejecutivo podría quedar corta si la adhesión es elevada, tensionando las cuentas públicas en un momento en que el coste de los sistemas sociales ya presiona el presupuesto. Además, recordaba el Times que existe una dimensión de equidad y narrativa pública: promover que la gente trabaje más tiempo es políticamente sensible cuando hay sectores con empleo precario o salarios estancados.
Pragmatismo con dudas. En definitiva, el plan de permitir 2.000 euros libres de impuestos a jubilados que trabajan es, en esencia, una respuesta pragmática y tecnocrática a un choque demográfico y a la falta de mano de obra cualificada: busca monetizar la experiencia, sostener las cotizaciones y ganar músculo económico sin recurrir únicamente a inmigración masiva o a subidas abruptas de la jornada laboral.
Con todo, su éxito dependerá de la magnitud de la adhesión, de cómo se combine con otras políticas laborales (formación, conciliación, redistribución del empleo a tiempo parcial) y de la honestidad de las proyecciones fiscales: si la acogida es elevada, el coste podría acercarse a las cifras más pesimistas, y si es moderada, la iniciativa puede convertirse en un respetable ejercicio de ajuste institucional que contribuya a alargar la vida activa de muchos y a mitigar, parcialmente, la factura del envejecimiento. Un escenario desconocido que Japón también contempla.
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La noticia
Alemania va a dar un paso histórico para paliar la falta de trabajadores: permitir que los jubilados sigan trabajando
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Xataka
por
Miguel Jorge
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