El próximo 10 de junio, el Alcalde de Barcelona y el director general de Airbnb en España llevarán a cabo una reunión. Un trámite que podría ser como cualquier otro, sino fuera por los rifirrafes que ambas entidades comparten desde hace ya tiempo. Jaume Collboni ha lanzado una advertencia a la empresa estadounidense de cara a su encuentro, mientras Airbnb ya ha replicado varias veces las decisiones de la ciudad.
Con todo esto, se junta que la situación es de mucha tensión. La noticia de esta semana es que el grupo político BComú ha desplegado una enorme pancarta en la Rambla que afirma: ‘Tú cobras 11 euros la hora, el sector hotelero gana 4.185 euros cada minuto’, en su campaña por reclamar un mayor control al turismo masivo en una de las ciudades con más visitantes del mundo.
Además, la líder de Barcelona en Común en el Ayuntamiento, Janet Sanz, exigía ayer al alcalde de la ciudad que sancione a Airbnb con una multa de 600.000 euros por negarse a despublicar 800 anuncios de pisos turísticos ilegales, según sus palabras.
Hace unos días, Collboni dijo públicamente que en la reunión defenderá la postura del Ayuntamiento, recordará a la plataforma que debe «asumir» las normativas municipales y «cumplir con la legalidad». La más importante: a partir de 2028 es la fecha cuando se debe poner fin a su actividad por la no renovación de las licencias turísticas. El Alcalde sacará estos temas en su encuentro con Jaime Rodríguez de Santiago, que es Director General para España y Portugal desde noviembre del pasado año.
El Tribunal Supremo apoya a Barcelona
El pasado mes de mazo ya recogimos que el Tribunal Supremo dio su apoyo judicial a Barcelona en su plan prohibir los pisos turísticos o alquileres vacacionales. Esto es parte de su cruzada para tratar de poner algo de control al enorme costo de la vivienda para la gente local.
Concretamente, el TS rechazaba un recurso que argumentaba que la medida vulneraba los derechos de los propietarios privados. Esto se suma a otras medidas como poner un tope al alquiler, lo que llevó a los fondos de inversión a irse (mostrando así que Airbnb no era el (único) problema).
Unos días después de esto, Airbnb emitió un comunicado oficial. Airbnb envió una carta al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la que invitó a sus gobiernos a trabajar bajo el marco normativo europeo (EU STR) en la regulación de alquileres de corta duración.
Airbnb reclamó al Ayuntamiento y a la Generalitat que «la regulación esté fundamentada en datos reales de actividad, en lugar de señalar a los alquileres de corta duración como el único responsable de los problemas derivados del turismo de masas y la falta de vivienda».
La plataforma donde se pueden anunciar alquileres de corta duración alega que los defensores de una medida tomada en 2014 para restringir este tipo de alojamientos afirmaron que era necesaria para hacer frente a los problemas de vivienda y masificación turística. Según Airbnb, transcurrida más de una década, los datos oficiales muestran que, aunque el número de alojamientos a corto plazo ha disminuido, pero que hay graves problemas de vivienda.
Una historia de sanciones y disputas
La empresa y la ciudad tienen toda una historia de desamores y polémicas. Aquí un resumen a algunos de los problemas más llamativos de estos últimos años:
Multa en 2015 por incumplir normas. Cuando en otras regiones Airbnb era aún una plataforma de consumo colaborativo relativamente pequeña, para Barcelona ya era un problema. En 2015, la ciudad anunció una multa a esta web y también a HomeAway. En aquel momento, la ley catalana permitía que los particulares alquilen sus habitaciones siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones y vivan en las viviendas. Pero en el caso del alquiler de la vivienda entera las condiciones eran más duras.
Orden de retirada de anuncios en 2016. De nuevo, siendo pionera en medidas que se están tomando ahora en otros lugares, el Ayuntamiento solicitó en 2016 la retirada de 256 apartamentos de este tipo de plataformas al estilo Airbnb y dijo que seguía investigando otros anuncios. En aquel mismo año, la ciudadanía llamaba a boicotear la web.
100 propietarios quieren acusar a Airbnb de sus problemas con la justicia. En octubre de 2019, más de un centenar de personas que alquilaban pisos y habitaciones en Barcelona a través de Airbnb acudieron a la Justicia, tras recibir grandes sanciones por parte del Ayuntamiento de Barcelona con 30.000 o 60.000 euros por no licencia turística. Reclamaban que la web no les había alertado de esto. Un juzgado desestimó su demanda y, además, reclamó a algunos de ellos que ni siquiera habían declarado a Hacienda sus ingresos.
420.000 euros de multa a un solo propietario. En 2024, Barcelona multó con 420.000 euros al dueño de un edificio por alquiler turístico ilegal. Se conoció el caso tras una investigación, de acuerdo con las fuentes oficiales porque tenía un sistema hecho para no ser cazado: los pisos iban activándose y desactivándose de las plataformas con nombres, fotos y anfitriones diferentes para sortear una inspección.
Imagen | Foto de Dorian D1 en Unsplash
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La noticia
El choque entre Barcelona y Airbnb se intensifica: llega una reunión clave por los pisos turísticos y el precio de la vivienda
fue publicada originalmente en
Genbeta
por
Bárbara Bécares
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