La expresidenta Cristina Kirchner aún sigue ligada a la causa de “la ruta del dinero K”, en la que hoy quedó firme la condena contra Lázaro Báez, pero ella no fue parte del juicio oral y se analiza si tiene o no relación con los 55 millones de dólares lavados mediante una compleja operación bancaria internacional.
La parte de este caso relacionada con Cristina Kirchner tramita en el juzgado de instrucción de Sebastián Casanello. El fiscal Guillermo Marijuan, en un principio, impulsó la investigación y la imputó. Después, consideró que correspondía su sobreseimiento.
Pero se presentó la asociación Bases Republicanas y mantuvo abierta la causa. En su decisión de hoy, la Corte rechazó los recursos de Cristina Kirchner contra la decisión que admitió a la asociación Bases Republicanas como querellante y que revocó el sobreseimiento de la expresidenta.
El recurso fue desestimado porque no iba contra una sentencia definitiva. Con la decisión de la Corte, queda firme la revocación del sobreseimiento de Cristina Kirchner y seguirá siendo investigada.
Cristina Kirchner fue indagada en esta causa a pedido de la Cámara Federal y sostuvo que está desligada de esas maniobras de lavado. “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, dijo la expresidenta cuando fue llamada a indagatoria.
Casanello dictó la falta de mérito de la expresidenta, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que, de todos modos, ordenó realizar una serie de medidas de prueba para profundizar la investigación.
En 2022, la defensa de Kirchner pidió su sobreseimiento, pero retiró el planteo ante lo que avizoraba iba a ser una respuesta negativa de la Cámara Federal.
El 24 de mayo del 2023, el fiscal Marijuan sostuvo: “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”. Habló de “entrañable cercanía, vínculo y amistad” del empresario con el matrimonio presidencial, pero afirmó en ese mismo escrito que eso no le alcanzaba para avanzar en el proceso; sobre todo, tras el fallo de Casación. Marijuan promovió entonces el sobreseimiento de Cristina Kirchner. Casanello hizo lugar al pedido.
Pero tras el dictamen de Marijuan, la asociación civil Bases Republicanas pidió ser parte de la causa. Casanello rechazó el pedido porque la causa tenía más de diez años de trámite y la asociación sólo buscaba invalidar la posición del Ministerio Público, pero la Cámara Federal, por dos votos contra uno, aceptó a esa entidad en el expediente y luego revocó el sobreseimiento de la expresidenta. La decisión fue ratificada por la Cámara de Casación.
La defensa de Cristina Kirchner llegó en queja a la Corte Suprema con planteos contra los rechazos a las recusaciones de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Gustavo Hornos; contra la resolución que tuvo como querellante a la asociación civil y contra la revocación de su sobreseimiento.
Hoy se desestimaron las presentaciones porque no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
En esa parte del caso, se había presentado la Unidad de Información Financiera (UIF) el último día del gobierno de Mauricio Macri y había planteado que el dinero lavado en la maniobra no era de Lázaro Báez, sino de los Kirchner.
Ese escrito de la UIF es anterior a la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad a seis años de prisión y habla de 75 indicios que avalarían esa conclusión.
“La familia presidencial Kirchner utilizó a Lázaro Báez como testaferro de sus negocios criminales”, señaló en la página tres el escrito de la UIF, que lleva la firma de Mariano Federici, en ese momento titular del organismo, junto a María Eugenia Talerico. Sostuvo que hay “evidencias lógicas” que “demuestran a las claras que Lázaro Antonio Báez no era un empresario contratista más, sino que, por sus características, su rol encuadra en lo que se denomina ‘hombre de paja’ o más burdamente ‘testaferro”.
Enumeró el crecimiento de Báez como empresario relacionado con los Kirchner, sus antecedentes que no guardan relación con la acumulación de bienes inmuebles, rodados, aeronaves, bienes suntuarios y dinero en cuentas del exterior. Indicó que paso a tener propiedades cuyo precio de venta comparado con el de compra por parte de los Kirchner era “antieconómico” para el empresario.
Indicó que las operaciones entre Báez y los Kirchner eran “carentes de lógica económica comercial” y que del conglomerado del empresario “le transferían fondos a la familia Kirchner por pago de alquileres por sus inmuebles y hoteles, otorgándoles un flujo corriente de fondos”.
