Tras el revés parlamentario que se vivió hace apenas 24 horas que tumbó la reducción de jornada laboral aprobada por el Gobierno, el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha reaccionado con celeridad lanzando a consulta pública un real decreto para reformar el control horario. Algo que se incluía en el proyecto de ley que no ha terminado de salir adelante junto a un control más exhaustivo del derecho a la desconexión digital.
Nueva norma. En un principio, el Ministerio de Trabajo había propuesto en el texto original multas de hasta 10.000 euros por empleado en el caso de que se permitiera hacer horas extra sin pagarlas. Pero finalmente han tenido que ser mucho más laxos en la nueva norma propuesta que ha decepcionado a los sindicatos.
El nuevo texto, que posiblemente estuviera listo antes del ‘no’ del Congreso, supone una rebaja considerable respecto a las ambiciones iniciales pactadas con los sindicatos por parte del Gobierno. Dos son los cambios fundamentales que han desatado la polémica: la desaparición del endurecimiento de las sanciones actuales y la ambigüedad en la obligación de que el registro sea digital e interoperable.
Adiós a las altas multas. Uno de los principales elementos disuasorios del plan original era el aumento de las multas a las empresas infractoras que no pagaran las horas extras de sus trabajadores. Ahora mismo, estas sanciones se ubican en los 7.500 euros, pero la norma marcaba 10.000 euros por trabajador.
Esta medida ha desaparecido del borrador del real decreto, ya que, según se ha informado, no puede modificarse por esta vía y requeriría un cambio en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS). Algo que supuestamente se debería tramitar con un proyecto de ley.
Más ambigüedad. Pero la mayor controversia se encuentra en la redacción del texto. Mientras que el acuerdo inicial con los sindicatos establecía de forma clara que «la empresa mantendrá un registro diario de jornada, realizado por medios digitales», el nuevo borrador utiliza un lenguaje condicional que deja la puerta abierta a seguir utilizando el papel. El texto indica que «ello podría determinar la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico».
Esta misma ambigüedad se repite al hablar de la interoperabilidad del sistema, es decir, la capacidad de que la Inspección de Trabajo y los representantes de los trabajadores puedan acceder a los datos en tiempo real y de forma remota. El borrador señala que «en algunos casos» se «podría requerir del acceso electrónico interoperable». Esta falta de concreción ha sido interpretada por los sindicatos como un paso atrás en la lucha contra el fraude horario.
Decepción. La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. Tanto CCOO como UGT han mostrado su «decepción» y han exigido al Gobierno que incorpore la literalidad del acuerdo original. Advierten de que no aceptarán un texto que no garantice un control horario «objetivable, verificable en tiempo real y, por supuesto, digital».
Por su parte, la patronal, representada por CEOE y Cepyme, con la anterior norma mostraban su oposición al considerar que la medida conlleva «importantes costes para las empresas», especialmente para las de menor tamaño. Además, han expresado su preocupación por la seguridad de los datos y han solicitado que se incluya como causa de despido disciplinario la no cumplimentación o la realización irregular del registro por parte del trabajador.
Cuándo llegará. Como hemos comentado, esta norma ahora mismo se encuentra en una fase de consulta pública a la espera de las aportaciones que hagan los agentes sociales. Una vez finalizado este trámite deberá pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos antes de pasar por el Consejo de Ministros con el objetivo de que entre en vigor. Un trámite que puede aún demorarse varios meses.
Imágenes | Congreso Oleksandr Pidvalnyi
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La noticia
Del ‘Gran Hermano’ laboral a un control ‘light’: el nuevo registro horario llega con menos multas y la puerta abierta al papel
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José Alberto Lizana
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