La empresa pública SITVAL, encargada de gestionar las inspecciones técnicas de vehículos en la Comunidad Valenciana, ha licitado un contrato de 140.000 euros para contratar agencias de detectives que investiguen posibles ausencias injustificadas, actividades incompatibles o situaciones fraudulentas entre su personal. Tal y como informan desde El Español, la medida busca atajar un problema de absentismo que se ha disparado desde que las ITV pasaron a gestión pública en febrero de 2023.
El problema de fondo. Desde que el Gobierno de Ximo Puig revirtió el servicio al sector público, el absentismo laboral en las estaciones valencianas se ha disparado hasta alcanzar entre un 16% y un 18% de media, según comparte el medio. La cifra duplica la media autonómica de absentismo en la comunidad, que se sitúa en el 6,4%, y está muy por encima del 7% nacional. El resultado es un servicio colapsado con esperas que superan las ocho semanas para vehículos pesados, según la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET).
Qué harán los detectives. El contrato, publicado el pasado 27 de octubre en la Plataforma de Contratación del Sector Público, encarga a las agencias la observación, el seguimiento y la elaboración de informes documentales y audiovisuales sobre el personal de SITVAL. Tal y como comparte El Español, los detectives deberán recopilar información veraz sobre posibles ausencias injustificadas y, si es necesario, comparecer ante órganos administrativos o judiciales para ratificar sus informes. El contrato se divide en tres lotes, uno por cada provincia valenciana, con un plazo de ejecución de dos años.
No es un caso aislado. La Generalitat valenciana no es la primera administración que recurre a servicios de investigación privada para controlar el absentismo en las ITV públicas. La Junta de Andalucía puso en marcha un servicio similar en agosto del año pasado, dividido en dos lotes para las zonas occidental y oriental de la comunidad.
Consecuencias. El medio recalca que, la reversión del servicio, que se produjo tres meses antes de las elecciones autonómicas de 2023, ha generado un efecto inesperado: la deslocalización masiva de inspecciones. Según datos oficiales, en 2024 un total de 291.662 vehículos optaron por pasar la ITV en otras comunidades autónomas como Murcia, Castilla-La Mancha o Tarragona, lo que significa menos ingresos frente a las 2.332.087 inspecciones que se realizaban en 2022.
Presión en el sector del transporte. La situación ha llevado a la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) a anunciar la salida de su presidente, Carlos Prades, del consejo de administración de SITVAL a finales de octubre. «Pagamos más que en otras comunidades por un servicio menos eficaz, más lento y que genera incertidumbre», denunció Prades, quien añadió que «las estaciones valencianas han dejado de ser una opción real para muchas empresas».
Las cifras no cuadran. El Gobierno de Puig justificó el paso a la gestión pública argumentando que podría generar hasta 40 millones de euros anuales de resultado de explotación para la Generalitat, frente a los 7 millones de euros que pagaban las concesionarias privadas en conjunto. Aunque parece que las previsiones no han contado con el impacto del absentismo, la caída de inspecciones realizadas ni los costes adicionales como este contrato de servicios de investigación.
Imagen de portada | FVET
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La noticia
El absentismo laboral en los talleres de la ITV se ha disparado en algunas comunidades autónomas. La solución: detectives privados
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Antonio Vallejo
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