El fracaso parlamentario en la votación de la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales supuso un importante revés para una medida que figuraba como una de las banderas del acuerdo de legislatura.
Sin embargo, en aquella sesión parlamentaria no solo se estaba tumbando la reducción de jornada. De forma indirecta también caía con ella la reforma del sistema de registro horario que acompañaba a esa medida y los cambios normativos que permitían endurecer las sanciones y luchar contra la explotación laboral.
Sin la fuerza parlamentaria. El diseño inicial contemplaba dos piezas clave: jornada laboral de 37,5 horas y un registro horario digital obligatorio, accesible de manera inmediata para la Inspección de Trabajo y los sindicatos. De haberse aprobado, ambas medidas se habrían reforzado mutuamente en la erradicación de las horas extra no pagadas.
Sin los instrumentos legislativos que permitía su aprobación en el Congreso a la hora de modificar el baremo de sanciones, el Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a reorientar su estrategia, poniendo ahora el foco en la reforma del registro horario mediante Decreto Ley. Eso obliga a descafeinar la medida con una propuesta que aplica cambios menores a la actual normativa.
Una reforma rebajada. La diferencia entre lo que se planteaba en el Congreso y lo que ahora se somete a consulta pública es evidente. Tal y como señalaba El Economista, con la propuesta parlamentaria incluía un sistema digital obligatorio e integrado, mientras que el decreto mantiene opciones flexibles y deja fuera un régimen sancionador reforzado.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y titular del Ministerio de Trabajo, ha defendido que el actual registro de jornada es «absolutamente vulnerador de la normativa comunitaria y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por no cumplir las exigencias».
Pese a esa contundencia por parte del Gobierno, incluso sus aliados sindicales admiten que la propuesta para la reforma del registro horario se ha diluido con el cambio de vía para su aprobación. «Desde CCOO exigiremos la literalidad del texto acordado en diálogo social», exigía Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones de CCOO, en declaraciones recogidas por El Mundo.
La propuesta a consulta pública. El borrador de Real Decreto puesto en consulta pública plantea reforzar los principios que ya estaban en la normativa. El documento establece que los registros deban realizarse de manera personal y directa por los propios trabajadores, detallando las pausas y tiempos de disponibilidad, diferenciando así de forma precisa las horas ordinarias de las extraordinarias.
La propuesta abre la puerta a que se exijan mecanismos de registro electrónico con garantías de autenticidad —como sellos de tiempo o sistemas de verificación de identidad—, aunque no se concreta que la digitalización sea obligatoria en todos los casos, lo que deja margen para mantener los registros manuales y con ello parte de las limitaciones señaladas por los tribunales y Europa.
También contempla el control de las modificaciones que se hagan sobre el registro y la obligación de asegurar un acceso inmediato por parte de la Inspección de Trabajo y de la representación legal de los trabajadores, así como acceso remoto en el caso de registros electrónicos.
Sin cambios en las sanciones. Una de las medidas que cayó durante la votación fue la posibilidad de modificar los artículos de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) que regula el régimen sancionador para las empresas que incumplen con la obligatoriedad de registrar la jornada laboral, con el fin de desincentivar el fraude en el registro horario.
En la actualidad, la sanción para las empresas infractoras es de un máximo de 7.500 euros por empresa, mientras que en la propuesta que se sometió a votación junto a la ley de reducción de jornada se incrementaba hasta los 10.000 euros por cada trabajador (no por empresa) afectado por una infracción.
Trabajar gratis. Los datos de la EPA del segundo trimestre de 2025 estima que en España se hacen más de 7 millones de horas extraordinarias semanales. De ellas, 2.821.300 horas no se remuneran ni se compensan. Es decir, el trabajador regala al empresario el 40,21% de esas horas.
A pesar de estas cifras, el decreto que tramita el Gobierno deja en pie las grietas estructurales que permitían la evasión de la norma no registrando el tiempo real trabajado por los empleados, al utilizarse métodos fácilmente manipulables como los registros horarios en papel.
Imagen | Unsplash (Erik Mclean)
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El Congreso rechazó la reducción de la jornada laboral. También regaló 2,8 millones de horas extra semanales a las empresas
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Xataka
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Rubén Andrés
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