Justo en medio de una batalla política y empresarial sin cuartel para alargar la vida del parque atómico español, la cruda realidad del mercado se ha impuesto. Mientras los grandes ejecutivos discuten sobre el futuro a largo plazo, el presente ha dado un golpe sobre la mesa: el titular de la central nuclear de Almaraz II notificó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una parada no programada de su reactor y su desacoplamiento de la red eléctrica.
No saltaron las alarmas por un problema de seguridad. De hecho, el incidente se clasificó con nivel 0 (sin significación para la seguridad) en la escala internacional INES, al cual hemos tenido acceso. El motivo real fue puramente económico y motivado por causas relacionadas con el mercado eléctrico. Según explica El Periódico de Extremadura, la reciente sucesión de borrascas disparó la producción renovable —hundiendo los precios de la luz— lo que, sumado a una «inasumible carga impositiva» que supone más del 75% de sus costes variables, hizo completamente inviable mantener el reactor encendido.
El pulso reciente: de la desconexión a la prórroga
Esta desconexión choca frontalmente con los intensos movimientos corporativos de las últimas semanas. A finales de octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron al Ejecutivo una petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de Almaraz, cuyos dos reactores tenían programada su desconexión para 2027 y 2028.
Pero la ambición del sector no se detiene en Cáceres. Según recoge Cinco Días, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha confirmado que pedirán la ampliación de otras centrales en el futuro, asegurando que «la mayor parte de ellas pueden llegar hasta los 60 e, incluso, los 80 años».
Esta postura está respaldada por argumentos técnicos y logísticos de la industria. Como detalla en El Economista, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, aspira a prolongar «en números redondos unos 10 años más» todo el parque nuclear español. Bogas argumenta que no tiene sentido logístico proceder al complejo desmantelamiento de dos grupos de una misma central en fechas diferentes (2027 y 2028). Mientras tanto, el CSN ya está analizando la documentación para emitir su informe preceptivo, previsiblemente en verano, tal como informa una nota de prensa del propio regulador.
La posible prolongación de Almaraz ha abierto una enorme brecha entre dos visiones irreconciliables de la transición energética. En el bloque de quienes defienden alargar la vida atómica, los argumentos económicos y laborales marcan el paso. Según las declaraciones de Ignacio Sánchez Galán recogidas por Vozpópuli, las centrales nucleares son una pieza clave para abaratar el precio de la luz. De hecho, el presidente de Iberdrola recuerda que los países europeos que carecen de este tipo de energía, como Italia y Alemania, pagan la electricidad «unos 20 euros más» por megavatio hora en comparación con España y Francia.
A esta defensa de la competitividad se suma la advertencia sobre el impacto directo en el bolsillo del consumidor final. Un reciente informe de la OBS Business School alerta de que si Almaraz cierra, la inevitable dependencia del gas encarecería la factura eléctrica en torno a un 23% para los hogares —entre 150 y 250 euros más al año— y hasta un 35% para la industria. Más allá del recibo, está el factor territorial. El Colegio de Ingenieros Industriales, en declaraciones a El Periódico de la Energía, recuerda que esta central no solo genera el 7% de la electricidad de toda España cumpliendo con los máximos estándares internacionales de seguridad (WANO 1), sino que es un motor económico vital para sostener 4.000 empleos directos e indirectos que frenan la despoblación en la región.
Sin embargo, frente a esta postura se alza un sólido muro de detractores que ven en la prórroga un peligro inminente para la transición verde. Una investigación conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), elaborada por encargo de Greenpeace, concluye que prorrogar Almaraz tan solo tres años supondría un «alivio momentáneo, perjuicio estructural». Los investigadores calculan que esta decisión costaría a los consumidores un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros de aquí a 2033 y frenaría hasta 26.129 millones de euros en inversiones destinadas a nuevas energías limpias.
Desde Greenpeace apuntan también al llamado «efecto tapón»: al ser la nuclear una tecnología inflexible que produce a piñón fijo independientemente de la demanda, a menudo obliga a desconectar o desperdiciar energía renovable —gratuita y limpia— en momentos de mucho sol o viento. Esta situación genera un clima de enorme preocupación en el sector verde. En una entrevista con InfoLibre, Pedro Fresco, director general de la patronal renovable valenciana Avaesen, alerta de que conceder una «miniprórroga» de tres años sería el peor de los escenarios posibles. A su juicio, este movimiento enviaría un mensaje de total incertidumbre a los inversores, amenazando con paralizar en seco el desarrollo de futuros proyectos renovables.
El «Efecto Dominó»: reescribir el mapa energético
El verdadero trasfondo de esta batalla es que Almaraz no es una pieza aislada. Como advierten varios expertos a el Faro de Vigo y el Periódico de Extremadura, retrasar el cierre de la planta cacereña desataría un «efecto dominó» imparable en todo el territorio nacional.
Si Almaraz se retrasa a 2030, su cierre coincidiría en el tiempo con el de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Las eléctricas dan por hecho que el Gobierno tendría que aplazar también estas clausuras para evitar que se solapen los gigantescos y complejos trabajos de desmantelamiento de cuatro reactores de forma simultánea. Esto obligaría a empujar también los cierres de Ascó II, Vandellós II y Trillo mucho más allá de 2035, volando por los aires el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
La decisión final está en el tejado del Ejecutivo, que de momento mantiene su postura. El Gobierno ha marcado tres líneas rojas innegociables para aceptar cualquier cambio: que se garantice la seguridad radiológica, la seguridad de suministro y, sobre todo, que no cueste un euro más a los consumidores ni implique rebajas de impuestos a las eléctricas.
Y es aquí donde el círculo se cierra. Como insiste Galán en Vozpópuli, las centrales soportan una enorme carga impositiva de «30-35 euros por megavatio hora». Sin una rebaja fiscal, las eléctricas amenazan con la inviabilidad económica; pero sin rentabilidad, es el propio mercado quien, como ocurrió la madrugada del 3 de marzo, expulsa a los reactores apagándolos de forma natural.
Imagen | Foro Nuclear
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La noticia
El «efecto dominó» de Almaraz: retrasar el cierre de una sola central obliga a rediseñar todo el mapa energético de España
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Alba Otero
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