El Gobierno español dio ayer luz verde al anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible, una norma que pretende reforzar los derechos de los consumidores y avanzar en la transición ecológica. Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado este paquete legislativo como una revolución legislativa contra la obsolescencia programada, la publicidad engañosa y el consumo irresponsable.
Analicemos qué medidas concretas recoge para cumplir con dicho objetivo:
Obsolescencia programada: el punto fuerte del texto
Uno de los elementos más destacados de la propuesta es la prohibición de la obsolescencia programada, una práctica industrial que acorta intencional y artificialmente la vida útil de los productos. Se pretende acabar con ella mediante…
- La ampliación de la garantía: si el consumidor opta por reparar un producto en lugar de sustituirlo, la garantía se extenderá 12 meses más.
- La cofinanciación de reparaciones: los productores deberán asumir parte del coste de las reparaciones una vez finalizado el período legal de garantía (20% durante los dos primeros años, 10% el tercero, 5% el cuarto).
- El acceso a reparadores autorizados: se creará una plataforma digital para que los consumidores localicen y contacten con técnicos verificados.
- La disponibilidad de repuestos: se exigirá a los fabricantes que mantengan repuestos disponibles durante al menos diez años tras cesar la producción del producto.
- La transparencia en software: quedará prohibido ocultar actualizaciones que deterioren el rendimiento o presentar como necesarias aquellas que solo mejoran funciones menores.
Estas medidas, que recogen el espíritu de directivas europeas recientes, representan sin duda un avance en términos de durabilidad de los productos. No obstante, su efectividad dependerá de cómo se fiscalicen y ejecuten: las grandes empresas tecnológicas ya han demostrado una habilidad notable para eludir normativas a través de vacíos legales.
Contra el ‘ecopostureo’
Otro objetivo declarado de la ley es combatir el ‘greenwashing’ o ecopostureo. A partir de su entrada en vigor, las empresas no podrán utilizar términos como «verde», «ecológico» o «biodegradable» si no presentan una base científica verificable. Incluso se prevé la anulación de marcas y nombres comerciales que induzcan a error mediante su nombre o logotipo.
En un mercado como el nuestro, saturado de términos medioambientales vagos y maleables, la vigilancia institucional resultará clave.
Contra la publicidad de productos contaminantes
También se veta la publicidad de:
- Combustibles fósiles como gasolina y diésel (si bien el gas natural queda inexplicablemente exento).
- Vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles fósiles.
- Vuelos de corta distancia (peninsulares) cuando exista una alternativa más limpia y con una duración adicional no superior a dos horas y media.
Contra el alarmismo en publicidad
La llamada «publicidad del miedo» será regulada para evitar el uso de escenarios catastróficos sin base estadística. Las empresas (a nadie se le escapa que es una normativa dirigida contra el sector de alarmas y seguros) deberán aportar datos cuantitativos para justificar las amenazas que comunican.
Si bien esto apunta a una publicidad más responsable, la línea entre protección del consumidor y censura informativa podría ser difusa si no se regula con claridad.
Reduflación: más claridad en el supermercado
Otra práctica que queda regulada es la reduflación, consistente en reducir el contenido de un producto sin ajustar su precio. Las empresas deberán:
- Notificar claramente en el envase cualquier reducción de cantidad o unidades sin rebaja del precio.
- Hacerlo de forma legible y visible dentro de un plazo de 90 días desde el cambio.
De esta forma, se evitará que el consumidor pague lo mismo por menos sin saberlo.
Reventa de entradas: un mercado especulativo ¿bajo control?
La reventa abusiva de entradas, especialmente visible en conciertos y eventos culturales, también se enfrenta a nuevas limitaciones:
- Quedará prohibida la reventa con precios superiores al IPC, es decir, no se podrá obtener un beneficio económico más allá del ajuste por inflación.
- Se refuerza la prohibición del uso de bots para compras masivas de entradas, vigente desde 2022, pero hasta ahora poco eficaz (como reconoció el propio ministro Bustinduy). Ahora, el Ministerio podrá abrir expedientes sancionadores sin necesidad de denuncia previa o intervención judicial.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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La noticia
El Gobierno quiere aplicar mano dura a la reventa de entradas. El problema potencial de esta ley: el retorno del «boli BIC a 300 euros»
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Marcos Merino
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