El Congreso de los Diputados ha recibido hoy una respuesta oficial del Gobierno a la pregunta planteada por el diputado del BNG, Néstor Rego, en relación con los controvertidos bloqueos masivos de direcciones IP solicitados por LaLiga. Lejos de aplacar la preocupación ciudadana por lo que ya se describe como una forma de censura digital encubierta, la contestación del Ejecutivo ha encendido nuevas críticas al limitarse a justificar estas acciones con base en el respeto a decisiones judiciales.
La pregunta que nadie más se atrevió a formular
Durante meses, miles de webs han visto interrumpido su funcionamiento en España sin previo aviso y sin tener nada que ver con la difusión no autorizada de eventos deportivos. Pese al debate social que estas medidas suscitaban, el diputado Néstor Rego ha sido el único en alzar la voz al respecto en sede parlamentaria.
A través de una pregunta escrita, Rego ha exigido explicaciones al Gobierno y denunciado lo que considera «prácticas abusivas y descontroladas» por parte de LaLiga y las operadoras. La preocupación no es menor, pues la situación creada afecta a derechos constitucionales como el acceso a la información, la libertad de expresión o el normal desarrollo económico de las empresas.
Respuesta del Gobierno al BNG
Una respuesta previsible
La contestación oficial del Gobierno, emitida con fecha del 17 de junio, no entra en el fondo del asunto: se limita a reconocer que los bloqueos existen y que provienen de una sentencia firme del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona.
También confirma que empresas como Vodafone, Telefónica, Digi o MásOrange han actuado para aplicar esa resolución judicial. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo afirma no tener margen de actuación; literalmente afirma que
«No puede sino respetar estas decisiones judiciales».
La referencia a la desestimación del recurso de nulidad interpuesto por Cloudflare y la asociación RootedCON sirve como coartada adicional: para el Gobierno, mientras no haya un nuevo pronunciamiento judicial que invalide la sentencia inicial, su papel es el de mero observador.
Privatización del control digital
Uno de los elementos más criticados de esta situación es la delegación efectiva de funciones judiciales a actores privados. LaLiga no sólo denuncia, sino que también identifica las direcciones IP a bloquear, sin supervisión técnica directa por parte del juzgado. Este modelo, que habría podido considerarse razonable en contextos muy acotados, se ha convertido en un mecanismo con miles de afectados colaterales.
Los partidos van a tener que retratarse
«La respuesta del Gobierno español a la pregunta del BNG sobre los bloqueos indiscriminados del #LaLigaGate es alucinante. ¿Dónde está la defensa de los derechos de las empresas y personas usuarias perjudicadas? Ya hemos presentado una PNL para que todas las fuerzas políticas del Congreso tengan que pronunciarse».
La presentación por parte del BNG de una Proposición No de Ley (PNL), anunciada por el diputado Rego en su tuit, forzará a todos los grupos parlamentarios a posicionarse públicamente. Hasta ahora, ni el PSOE ni el PP han mostrado interés en el asunto.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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La noticia
El Gobierno se lava las manos con los bloqueos de LaLiga y dejará actuar a los jueces a placer
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por
Marcos Merino
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