El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las medidas sociales estrella del Gobierno actual, ofreciendo una prestación que se paga mes a mes a las personas con menores niveles de ingresos, e incluso con un complemento por cada menor a su cargo. Pero esta no es una medida perfecta, y a los cinco años de su implementación, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado cifras que nos sitúan en la realidad: mientras reduce la probabilidad de trabajar, también actúa como escudo frente a la precariedad.
En la cuarta opinión anual publicada por la AIReF sobre el IMV, los datos son bastante contundentes: reduce la probabilidad de trabajar en un 12% y disminuye las jornadas laborales en un promedio de 0,6 días al mes.
El IMV desincentiva el hecho de trabajar
Para la presidenta de la AIReF esto no ha sido una sorpresa, tal y como explicó en su comparecencia al presentar el informe:
«La literatura académica ya señala que las prestaciones de último recurso pueden afectar a la oferta de trabajo, al elevar el salario mínimo por el que una persona está dispuesta a aceptar un empleo»
Y es que aquí se entra en una auténtica disyuntiva. Si un trabajador percibe un ingreso de 1.000 euros al mes sin necesidad de acudir a un puesto de trabajo, lógicamente exigirá un salario mayor en las ofertas laborales que reciba para aceptar el empleo y renunciar a la prestación. Este efecto se agrava especialmente en colectivos como los menores de 30 años, hogares monoparentales y perceptores de prestaciones más elevadas, donde la probabilidad de encontrar empleo se reduce hasta un 20%.
Pero no todo es negativo. El informe también recoge aspectos positivos. La propia infografía extraída del documento general muestra que el IMV puede actuar como un colchón de seguridad que permite a los beneficiarios tomar mejores decisiones laborales, evitando empleos precarios. Concretamente, los principales datos son:
- Aumenta la probabilidad de obtener un contrato indefinido en un 3%.
- Facilita el rechazo de empleos precarios con sueldos muy bajos por condiciones laborales duras.
- Promueve que los ciudadanos tengan un puesto de trabajo acorde a su formación.
- ofrece una estabilidad que da pie a búsquedas de empleo más selectivas.
Un ‘incentivo al empleo’ que no funciona
El gran problema que señala la AIReF en su informe es que el mecanismo diseñado específicamente para evitar la desconexión del mercado laboral, el llamado incentivo al empleo, no está funcionando. Y es que la posibilidad de trabajar mientras se cobra el IMV solo ha beneficiado al 30% de los hogares entre 2023 y 2024, sin lograr corregir el desincentivo general. Los factores que, según la AIReF, han fallado son:
- Falta de visibilidad y transparencia: los ciudadanos no conocen bien que se puede compatibilidad el cobro con el trabajo.
- Desfase temporal: al utilizar información fiscal antigua, impidiendo que un ciudadano pueda ver la ventaja económica de trabajar.
- Diseño poco inteligente: el IMV no está diseñado para premiar la incorporación al trabajo ni la intensidad de la jornada.
Esto hace que el incentivo al empleo deba ser reformulado por completo para que realmente motive a los beneficiarios a buscar activamente un puesto de trabajo.
Y es que, actualmente, la reducción del desempleo es una de las palancas clave para disminuir la pobreza. Esto lleva a los expertos a concluir que reducir el desempleo estructural será fundamental, pero el hecho de que el IMV reduzca la probabilidad de trabajar genera un doble efecto en la lucha contra la pobreza en España.
La burocracia sigue siendo un problema para el IMV
Más allá del empleo, el informe ofrece pinceladas sobre otros problemas del IMV en su aplicación diaria. El primero es la cronicidad de la prestación: el 90% de los beneficiarios la cobra durante al menos un año, y el 60% la mantiene durante tres años. Esto pone en entredicho su papel como incentivo laboral.
El segundo gran problema es la burocracia necesaria para acceder a la ayuda. Actualmente, muchas personas en España que tienen derecho al IMV no lo solicitan. Las cifras son claras: el 55% de quienes podrían acceder al IMV no lo han pedido, y el 72% en el caso del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI). Requisitos como un tiempo mínimo de empadronamiento o la necesidad de justificar una unidad de convivencia son algunos de los principales obstáculos.
Por parte del Ministerio de Seguridad Social, responsable de esta ayuda, consideran que todavía es pronto para evaluar el funcionamiento del incentivo al empleo, ya que solo se dispone de datos del primer año de aplicación. De momento, creen necesario esperar más tiempo para emitir una evaluación definitiva.
Lo que está claro es que el debate está servido: el IMV reduce la pobreza, pero su diseño actual genera efectos indeseados sobre el empleo y se ahoga en una burocracia que deja fuera a más de la mitad de sus potenciales beneficiarios.
Vía | El País
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La noticia
El Ingreso Mínimo Vital tiene un problema: quien lo cobra tendrá menos posibilidad de trabajar. Lo dice la AIReF
fue publicada originalmente en
Genbeta
por
José Alberto Lizana
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