100.000 millones de euros en tierras de cultivo. Eso es lo que, según un exhaustivo informe de Greenpeace y el Datadista, gestiona el capital riesgo en la Península Ibérica a través de unos 900 fondos de inversión. No es una rareza española: es un boom internacional. En 2015, solo había 45 fondos especializados en ‘agrobusiness’ en el mundo; hoy hay más de mil.
De vuelta a España, desde 2019 la compra-venta de fincas ha crecido un 20%. Solo en 2023, se vendieron unas 148.000 fincas. Nueve de cada diez; al menos en Andalucía, se compraron sin hipoteca.
Pero lo preocupante no es esto. Al fin y al cabo, llevamos años hablando de la finaciarización del campo. Lo que no sabíamos era el profundísimo impacto que eso iba a tener.
Cómo está cambiando el agricultor español. Según el informe hay tres tipos de compradores: fondos de inversión especializados, grandes corporaciones industriales y fortunas familiares. Es decir, la propiedad de la tierra se está separando rapidísimamente de ella: lo que antes eran empresarios o dueños tradicionales con cierta vinculación con el territorio, ahora son sencillamente inversores.
Y eso ha generado un nuevo tipo de empresa: las intermediarias especializadas. Las que permiten a inversores sin experiencia ninguna operar fincas como si fueran «franquicias». Empresas como Balam o Todolivo ofrecen gestionar integralmente las plantaciones (desde mejora genética y plantación a la recolección).
El problema, según los expertos que están estudiando estas transformaciones, es que los cambios en la propiedad y los cambios en la gestión están conllevando un cambio en la estructura productiva de la España rural. Por decirlo sin rodeos: este enfoque no genera empleo local significativo. Andalucía, por irnos al ejemplo más visual, ha perdido 178.957 empleos agrarios entre 2017 y 2014.
Están entrando miles de millones hacia el campo español, pero ese dinero no llega a la base.
¿Por qué es importante? Porque el mundo rural se está transformando a marchas forzadas: la crisis de relevo generacional, los bandazos del régimen hídrico y los problemas con la PAC son la guinda del pastel: fuentes de incertidumbre que hacen imposible saber hacia dónde vamos.
Y eso tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el caso del aceite, no solo vamos a ver cómo aumenta la volatilidad del precio del AOVE incluso en las cosechas buenas. Es que, por si fuera poco, se va a ir hacia una uniformización varietal (para centrarse en variedades superintensivas), una perdida de población rural y una desarticulación (industrial, social y cultural) aún más profunda de la España vaciada.
Imagen | Vasilis Caravitis
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La noticia
El nuevo agricultor español ya no vive en el pueblo: se llama John, estudió en Wharton y gestiona olivos desde Nueva York
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Javier Jiménez
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