Si algo aprendió España durante la pandemia de la COVID-19 es que cuando toca lidiar con crisis relacionadas con enfermedades las fronteras entre la sanidad, la política y el derecho se vuelven difusas. Con el brote de hantavirus detectado a bordo del MV Hondius ocurre algo similar. A medida que el buque avanza rumbo Canarias, lo que empezó como una alerta sanitaria deriva en algo más: motivo de disputa política y de un debate legal sobre cómo tratar a los 14 españoles (asintomáticos) que viajan en el barco.
De fondo hay una pregunta clave: ¿Qué hacer si llegado el momento alguno de ellos se niega a pasar una cuarentena?
Una palabra: hantavirus. Hasta hace unos días la inmensa mayoría de los españoles (europeos, en general) desconocíamos qué era el hantavirus. Y es normal. Como recuerda el Ministerio de Sanidad, las infecciones por este virus suelen generarse por contacto con excrementos o saliva de roedores enfermos y son «relativamente poco comunes a nivel mundial». En 2025 en América se notificaron ‘solo’ 229 casos en ocho países. El número de muertes ascendió a 59 por el denominado «síndrome pulmonar por hantavirus» (SPH).
Un viaje accidentado. La cosa cambió hace unos días, cuando se comunicó el brote de una enfermedad respiratoria grave a bordo del MV Hondius, un buque de pasajeros que zarpó el 1 de abril de Ushuaia (Argentina) para realizar una travesía por el Atlántico Sur con escalas en puntos como Isla Nightingale, Santa Elena o Isla Ascensión, rumbo Cabo Verde. Solo unos días después de iniciar la singladura, uno de los pasajeros, un septuagenario holandés, empezó a sentir fiebre, diarrea y cefalea. Su salud empeoró de manera alarmante hasta que falleció al cabo de cinco jornadas.
El cuerpo permaneció a bordo del buque hasta el 24 de abril, cuando desembarcó en Santa Elena para su repatriación. Con él lo hizo su esposa, también holandesa y de 69 años, que tras mostrar síntomas similares acabó falleciendo en un hospital de Sudáfrica. Una PCR confirmó la causa: infección por hantavirus. Desde entonces otros pasajeros han mostrado molestias similares. De momento el brote ha dejado, que se sepa, tres fallecidos y al menos otra media decena de infectados. El domingo el barco llegó a Cabo Verde, que por “seguridad pública”, rechazó que amarrará en la capital.
Siguiente parada: Canarias. Ahora el barco continúa su singladura rumbo al que era su destino final: Canarias. El barco zarpó ayer de Cabo Verde después de que se sucedieran dos noticias clave. La primera llegó hacia el mediodía, cuando Tedros Ahdhanom, director general de la OMS, confirmó vía X que las autoridades habían evacuado a los tres pacientes del buque sospechosos de padecer la enfermedad. Su destino es Holanda, donde recibirán asistencia médica.
La segunda llegó desde La Moncloa, que ha confirmado la disposición de España a «atender la solicitud de la OMS» de acoger el transatlántico en Canarias «una vez concluida la evacuación de todas las personas sintomáticas». La naviera holandesa Oceanwide Expeditions, responsable del MV Hondius, asegura que mantiene monitorizada la situación a bordo del buque y en su último parte, publicado esta misma mañana, garantiza que «no hay personas con síntomas a bordo».
Y saltó la polémica. El anuncio de que el buque navega rumbo Canarias, a donde llegará probablemente el domingo, generó un debate considerable. Los planes iniciales de Moncloa pasaban por que el barco arribase al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde los trabajadores no tardaron en amenazar con un bloqueo de la terminal. ¿El motivo? La plantilla denunció la falta de información y protocolos claros sobre cómo debían actuar ante el brote vírico.
En el archipiélago saltó también el debate sobre si la región dispone de margen legal (o al menos político) para rechazar la escala. Con ese telón de fondo, Sanidad ha confirmado hoy al presidente canario, Fernando Clavijo, que el MV Hondius no atracará, «solo fondeará» para que los pasajeros puedan evacuarse con ayuda de lanchas. La idea es que sean trasladados al aeropuerto, desde donde se repatriarán a sus respectivos países. Cuando el barco salió de la Patagonia contaba con unos 147 viajeros de 23 nacionalidades.
¿Quiénes viajan a bordo? Esa es la clave. La idea es que, una vez en Canarias, los pasajeros sean repatriados a sus países; pero hay 14 que no necesitarán esa operación. ¿El motivo? Son españoles. En concreto a bordo del MV Hondius se mantienen 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española que han abierto otro debate igual de interesante.
Una vez en tierra el plan pasa por trasladarlos en un avión militar a la base aérea de Torrejón de Ardoz y, desde allí, al Hospital de Defensa Gómez Ulla. La idea es que pasen un período de cuarentena en cuartos individuales. ¿Cuánto exactamente? A día de hoy es difícil saberlo. Se sabe que el período de incubación del virus ronda los 45 días, pero queda la incógnita de a partir de qué día debería empezar a contarse. El brote surgió probablemente entre el 6 y 28.
«Permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo el tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos», garantizaba el miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García. Desde su departamento se insiste en que, aun en el caso de que alguno de los pasajeros españoles presentase síntomas o hubiese que atender a otros enfermos, el riesgo para la población «se considera muy bajo».
La gran pregunta. La pregunta que sobrevuela en los últimos días los ministerios de Sanidad y Defensa es… ¿Qué pasaría si alguno de esos 14 españoles es reacio a someterse a la cuarentena? ¿Podrían negarse? Y en ese caso, ¿tendría herramientas el Estado para exigirles ese período de aislamiento controlado, algo que recuerda a lo que ocurrió durante el Estado de Alarma del COVID-19? No es una pregunta caprichosa si se tiene en cuenta que el Gobierno ya ha reconocido que la voluntad de los pacientes será clave.
De hecho Mónica García ha apelado directamente al «sentido común y la responsabilidad» de los pasajeros españoles. Y no es la única. Ayer por la tarde la titular de Defensa, Margarita Robles, deslizaba que el período de cuarentena en el hospital de defensa Gómez Ulla supondría una «medida privativa de libertad», por lo que los pasajeros se someterán a ella «siempre que voluntariamente quieran». Los afectados incluso tendrían que firmar un consentimiento informado.
Un as en la manga. Esta mañana García cambió ligeramente la foto. Aunque apeló a la «responsabilidad» de los 14 españoles, la ministra también deslizó que el Gobierno dispone de «instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública».
No solo eso. RTVE ha avanzado que las autoridades están trabajando en un informe jurídico que, llegado el caso, les permita forzar el aislamiento. La principal baza del Ejecutivo sería la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, que arroja luz hasta dónde pueden llegar las autoridades ante retos sanitarios urgentes.
¿Qué dice la norma? En su artículo segundo aclara que «las autoridades podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria de una persona o un grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».
Y por si quedasen dudas, aclara poco más adelante: «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria […] podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».
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La noticia
En 2020, España puso a 40 millones de personas en cuarentena. La pregunta es si podrá hacerlo ahora con las 14 del hantavirus
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Carlos Prego
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