Hasta ahora la factura de la luz hemos observado como ha incrementado tras el apagón de abril. Pero esta vez el foco no está en el recibo, sino en una decisión silenciosa que acaba de tomar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que marcará cuánto costará mantener encendida la luz en el próximo lustro.
Por partes. La CNMC ha remitido al Consejo de Estado las circulares que fijan cómo se remunera el transporte y la distribución de electricidad entre 2026 y 2031, el llamado “negocio de las redes”: las torres, cables y centros de transformación que hacen posible que la energía llegue a hogares, fábricas y hospitales.
El detalle técnico es una cifra: 6,58%. Este nuevo porcentaje —antes del 5,58 %— es, según el regulador, una actualización que refleja mejor las condiciones financieras actuales, tras un periodo de tipos de interés al alza. Sin embargo, la medida se queda lejos del 7% o 7,5% que pedían las grandes eléctricas agrupadas en Aelec (Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy) y que también reclamaban las distribuidoras pequeñas representadas por CIDE.
¿Y en el bolsillo? Buena pregunta. Estas circulares, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 si el Consejo de Estado no introduce cambios, definen los criterios de retribución para todo el periodo 2026–2031. A corto plazo, la subida no se notará directamente en la factura, pero sí influirá en los costes regulados que sostienen el sistema eléctrico y que todos pagamos. Según los cálculos de la CNMC, el impacto del cambio será de entre un 0,9% y 1,1% del total de costes anuales del sistema, dependiendo del nivel de inversión.
El sentido de esta tasa es garantizar que las empresas que mantienen y amplían la red eléctrica reciban una rentabilidad razonable por su capital invertido. Si el porcentaje es demasiado bajo, se desincentiva la inversión; si es demasiado alto, aumentan los costes del sistema y, a la larga, el recibo del consumidor. El regulador busca un punto de equilibrio: suficiente atractivo para que se sigan construyendo y reforzando líneas, pero sin trasladar un sobrecoste a los hogares.
Un cambio en el cálculo. Por primera vez se combinarán datos históricos y previsiones futuras para estimar el coste de la deuda de las compañías, en lugar de basarse solo en los tipos de interés del pasado. Se incorporan también nuevos componentes: los costes de transacción (como las comisiones por emitir deuda), el llamado cost-of-carry (coste de mantener posiciones financieras) y una corrección por los programas de compra de bonos del Banco Central Europeo, que habían reducido artificialmente la rentabilidad de la deuda pública y, por tanto, la tasa libre de riesgo.
Según el organismo, se trata de una metodología “más realista” que incorpora la volatilidad reciente de los mercados. El cambio se aplicará de forma escalonada durante los seis años del nuevo periodo regulatorio y amplía el margen de inversión reconocida, incluyendo no solo nuevas infraestructuras sino también mejoras y optimización de las existentes. El objetivo: mantener contenidas las facturas mientras se moderniza la red.
El “parámetro K”. Más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es la capacidad de España para electrificar su economía sin disparar la factura. La CNMC lo ha fijado en 257 euros por kilovatio conectado, frente a los 232 euros del anterior borrador. Las compañías sostienen que el coste real ronda los 375 euros/kW, por lo que la mejora se queda muy corta.
Este parámetro determina cuántos proyectos industriales, centros de datos o nuevas viviendas pueden conectarse a la red sin que la conexión sea económicamente inviable. Según la patronal, limitar la retribución a ese nivel “impide conectar a parte de los nuevos consumidores” y puede poner en riesgo la competitividad de sectores enteros.
Así ha sido la respuesta. Aelec expresó su “profunda preocupación” y advirtió de que las nuevas circulares “comprometen la electrificación y el desarrollo industrial del país”. La patronal insiste en que la tasa sigue por debajo de los niveles europeos —entre el 6,8% y el 7,5%— y advierte de que “desincentiva la inversión justo cuando el país necesita desplegar más infraestructuras eléctricas”.
A su llamada se han sumado más de 67 asociaciones empresariales y sociales. En un manifiesto citado por la propia Aelec, alertan de que, si no se revisan las condiciones, “las redes eléctricas españolas podrían entrar en colapso”. La patronal también critica que la CNMC haya reducido un 37% los costes de mantenimiento reconocidos, lo que, a su juicio, puede deteriorar la calidad del servicio y frenar la conexión de nuevos clientes.
Por su parte, la CNMC mantiene que su obligación es proteger al consumidor y garantizar la sostenibilidad del sistema. El organismo busca “limitar el impacto de las inversiones en las facturas de los clientes” y recuerda que todo lo que las eléctricas invierten en esas redes se paga como cargos fijos en la factura de la luz. El equilibrio, insiste el regulador, consiste en remunerar las inversiones necesarias sin sobrecargar al usuario final.
Una decisión con efectos a largo plazo. Detrás de esta disputa técnica late una cuestión de fondo: ¿puede España electrificar su economía al ritmo necesario sin aumentar la retribución de las redes? El Gobierno ha lanzado un plan para incrementar la inversión en redes un 62% hasta 2030, con unos 13.600 millones de euros para reforzar la red nacional, según recordó El Economista.
Sin embargo, Cinco Días apunta que las nuevas limitaciones de la CNMC podrían frenar parte de esos proyectos y dejar fuera a consumidores con mayores costes de conexión. Las eléctricas preparan ahora alegaciones ante el Consejo de Estado, mientras el regulador defiende que su propuesta ofrece estabilidad y previsibilidad durante seis años, una rareza en un contexto de volatilidad financiera y energética.
Una decisión invisible, pero trascendental. La cifra del 6,58% no dirá mucho al consumidor medio, pero de ella depende buena parte del futuro eléctrico de España. Define si habrá suficiente inversión para conectar las nuevas fábricas, los cargadores de vehículos eléctricos o los centros de datos que sostienen la digitalización, y también cuánto pagará cada familia por mantener esa red operativa.
No notarás nada en la próxima factura, pero esta decisión determina cuánto pagaremos —y cuán fiable será la red— durante los próximos cinco años. Entre contener los precios y garantizar la inversión, la CNMC y las eléctricas juegan una partida que definirá la transición energética del país.
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La noticia
España necesita modernizar su red eléctrica, así que ha subido la tasa de retribución. El efecto se notará en los próximos cinco años
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Xataka
por
Alba Otero
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