Imagina una autopista por la que ya no cabe ni un solo vehículo más. Pero el problema no es que falte asfalto, sino que los coches no saben circular de forma eficiente y guardan distancias de seguridad kilométricas. La red eléctrica española era exactamente eso. Llevaba años operando al límite de su capacidad administrativa, y de repente, ha llegado a la rampa de acceso un convoy de camiones de tonelaje industrial y apetito voraz: los centros de datos.
Estas megainfraestructuras, pilares de la inteligencia artificial y la nube, prometen regar la economía de millones, pero su brutal necesidad de suministro amenazaba con reventar las costuras de un sistema eléctrico ya de por sí saturado. Para evitar el colapso y no dejar escapar el tren de la reindustrialización, el Gobierno ha tenido que reaccionar y cambiar radicalmente las reglas técnicas del juego.
El colapso de la capacidad en cascada. Para entender el colapso hay que mirar cómo ha cambiado nuestra forma de consumir energía. La transición energética está reconfigurando profundamente el modelo en todo el territorio nacional. Las solicitudes para conectarse a las redes de transporte y distribución se han disparado. A la electrificación de la industria y el hidrógeno renovable se suma ahora el consumo masivo asociado a los centros de datos para la inteligencia artificial. El problema estalló cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estableció un «criterio dinámico» para calcular cuánta capacidad de acceso había disponible en las zonas compartidas por varios nudos de la red.
Como detalla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en su nota de prensa, aplicar este criterio significa que un único acceso solicitado en un nudo puede provocar un «efecto en cascada que drena capacidad en el resto de nudos que comparten la zona», bloqueando peticiones a decenas de kilómetros de distancia. Básicamente, un gran centro de datos pide paso y, automáticamente, el sistema bloquea administrativamente los nudos vecinos por precaución, aunque físicamente los cables tengan espacio de sobra.
Inversiones en el aire y el fantasma del apagón. Las consecuencias de este embotellamiento afectan directamente a la economía real y a la seguridad nacional.
- Parálisis inmobiliaria e industrial. La situación es tan crítica que, como ya adelantamos en nuestra cobertura anterior citando a la patronal Asprima, el año pasado solo se concedió el 12% de las solicitudes de conexión para nuevos desarrollos urbanísticos. Hay 350.000 viviendas en riesgo simplemente por falta de potencia eléctrica.
- El riesgo de un «cero» eléctrico. El Boletín Oficial del Estado advierte de que el aumento de instalaciones que no son capaces de soportar «huecos de tensión» supone un riesgo altísimo. Si hay una perturbación y estos generadores se desconectan masivamente, se producen flujos de intercambio incompatibles con las limitadas interconexiones de España con Europa. Como recuerda el diario El País, el objetivo es evitar a toda costa que se repitan apagones masivos como el que sufrió la península ibérica el 28 de abril de 2025.
- No basta con poner más cables. En las zonas limitadas por este criterio dinámico ya no es posible habilitar nueva capacidad simplemente invirtiendo dinero en reforzar la red con «más cobre». El experto en el sector Joaquín Coronado lo resume a la perfección: la demanda tiene que ser 100% activa; debe aportar flexibilidad y comprometerse con la estabilidad del sistema.
La cirugía de urgencia del Gobierno. Para desatascar este nudo gordiano, el Gobierno y los reguladores han lanzado un plan de choque a tres bandas:
- El nuevo Real Decreto del MITECO. El Ministerio ha sacado a audiencia pública (hasta el 16 de marzo) una norma que actualiza las exigencias técnicas para conectarse a la red. La clave maestra es que ahora se exige que las demandas «soporten huecos de tensión», no introduzcan oscilaciones adversas y mantengan la calidad de la onda. Al obligar a las instalaciones a no desconectarse ante pequeñas perturbaciones, se reduce el número de nudos afectados en las zonas compartidas. Esta simple medida técnica podría hacer aflorar un 50% más de capacidad en unos 900 nudos de conexión a la red de alta tensión.
- Los «permisos flexibles» de la CNMC. Para acabar con el modelo binario (o te doy toda la capacidad o te la deniego), la CNMC ha propuesto cuatro nuevos tipos de permisos, como ya desglosamos en Xataka. Estos van desde permitir el consumo solo en ciertas franjas horarias, hasta permisos «dinámicos» donde el operador puede desconectar remotamente a un centro de datos si hay una emergencia en la red.
- La «amnistía técnica» para los gigantes de los datos. En paralelo, el Ministerio de Industria ha eliminado de urgencia el requisito de las «horas valle». Antes, para recibir ayudas, se debía consumir de noche, un absurdo para un centro de datos (que opera 24/7) y para la España actual, donde la energía solar ha tumbado los precios al mediodía.
El coste ciudadano y la letra pequeña. La maniobra del Gobierno no solo responde a una urgencia nacional, sino que sitúa a España como pionera en el continente. El país se está anticipando a la actualización de los códigos de red europeos, desplegando una batería de especificaciones técnicas de forma simultánea que ya se considera un hito a nivel mundial, como detalla El País. En este despliegue, la nueva normativa salda además una deuda histórica con el almacenamiento de energía: las baterías contarán por fin con un marco normativo propio y específico, dejando de ser tratadas administrativamente como simples instalaciones de «generación por analogía».
Sin embargo, esta profunda digitalización para que la red soporte un modo de operación tan complejo no saldrá gratis, y la factura de la modernización acabará asomando en el bolsillo del consumidor. Las previsiones para 2026 ya estiman subidas directas en los recibos ciudadanos, con un incremento del 4% en los peajes y un nada desdeñable 10,5% en los cargos del sistema eléctrico. Y mientras los ciudadanos asumen el coste técnico, los gigantes de los datos —destinatarios de esta alfombra roja regulatoria— prefieren mantener la cautela ante el eterno escollo burocrático español. El sector tecnológico advierte de que falta una pieza clave en el puzle: si el Gobierno no incluye expresamente el Código Nacional de Actividad Económica (CNAE) correspondiente al «Proceso de datos» en la lista oficial de sectores con derecho a recibir las millonarias ayudas electrointensivas, todas estas facilidades técnicas terminarán siendo papel mojado.
De la red de cables a la red inteligente. España tiene todo el potencial natural e inversor para transformar su modelo productivo y pasar de ser el país del «sol y playa» al país del «sol y datos». Sin embargo, como demuestra esta crisis de capacidad, la red eléctrica ha dejado de ser una simple infraestructura de cables para convertirse en una institución inteligente que requiere una gestión milimétrica.
Darle flexibilidad al sistema, exigir robustez a los nuevos gigantes tecnológicos y agilizar la burocracia han dejado de ser opciones técnicas. Son, hoy por hoy, la única vía de escape realista para evitar que la reindustrialización verde, la revolución de la inteligencia artificial y la construcción de vivienda mueran de éxito por la falta de un simple enchufe .
Imagen | Freepik y Nekib Ahmed
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La noticia
España tenía una red eléctrica completamente saturada. Y entonces llegaron los centros de datos para reventarla aún más
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Alba Otero
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