Mientras el país bate récords de generación renovable, su sistema nervioso —la red de transporte— sufre una trombosis administrativa que amenaza con frenar en seco la reindustrialización y el acceso a la vivienda. El diagnóstico lo llevamos días contando: tenemos la energía, pero no tenemos dónde enchufarla.
El problema es más de papeles que de cables. El principal señalado en esta crisis, Red Eléctrica (REE), ha decidido romper su silencio técnico para señalar directamente a la burocracia. Según explica el CEO de Redeia (matriz de REE), Roberto García Merino, la compañía no sufre restricciones financieras ni de suministro; el problema es que «no tiene permisos para invertir más».
La brecha entre los tiempos administrativos y la ejecución física es abismal. Como detalla El Economista, mientras que levantar una subestación apenas requiere un año de obra, su tramitación previa puede demorarse entre tres y seis años. En el caso de las líneas de larga distancia, el escenario es aún más desolador: de seis a doce años de «papeleo» para solo dos años de construcción real.
La «sala de espera» en datos. Esta parálisis ha dejado una radiografía preocupante:
- 130 GW de generación renovable tienen el permiso de acceso, pero esperan a que se amplíe la infraestructura para poder verter su energía. Es una cifra equivalente a todo el parque de generación actual.
- 20 GW de demanda industrial y de centros de datos aguardan una conexión que no llega.
- La inversión de REE en 2024 alcanzó un récord de 1.500 millones de euros, pero la compañía insiste en que todo proyecto con permiso de construcción está ya en ejecución.
Un colapso que apaga el ladrillo y la industria. La situación no es solo un debate de despachos; tiene consecuencias directas en la calle. El sistema eléctrico español ha sufrido un «infarto» administrativo. Como hemos explicado en Xataka, la CNMC se ha visto obligada a posponer tres meses la publicación de los mapas de capacidad (del 2 de febrero al 4 de mayo de 2026) ante el temor de que el 90% de los nudos de la red aparecieran en «rojo», bloqueando desde fábricas hasta 350.000 nuevas viviendas que, según la patronal Asprima, están en riesgo por falta de potencia.
Ante esto, García Merino reclama medidas de choque: la aplicación de «silencios positivos» o «declaraciones responsables» que permitan iniciar las obras mientras la burocracia sigue su curso, una estrategia que ya empieza a sonar con fuerza en Bruselas.
El muro pirenaico. Mientras la red interna colapsa, España produce tanta energía barata que se ve obligada a tirarla (curtailment). La Península registra un superávit de renovables que desploma los precios a niveles cercanos a cero o incluso negativos. Sin embargo, esta riqueza no puede exportarse hacia el resto de Europa.
El culpable, según diversos analistas y el propio CEO de Redeia, es Francia. El país vecino actúa como un «tapón» para proteger su industria nuclear, impidiendo que la energía solar y eólica española —mucho más competitiva— hunda sus precios. Con apenas un 2,8% de interconexión, España sigue siendo una isla energética que desperdicia su potencial verde.
El precio de la modernización El futuro eléctrico de España no solo depende de voltios, sino de política y facturas. Para financiar este «modo reforzado» de operación y desbloquear las inversiones, se espera que en 2026 los ciudadanos asuman una subida de peajes y cargos en sus recibos.
Como concluyen las fuentes del sector, «los planes son muy bonitos, pero hay que construirlos». España tiene todo para ser la batería de Europa, pero mientras la tramitación de un cable dure una década, ese potencial seguirá atrapado en una interminable sala de espera burocrática.
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La noticia
España tiene una «segunda red» de 130 GW guardada en un cajón: la energía está lista, pero los cables no llegan
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Xataka
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Alba Otero
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