En pleno siglo XXI, mientras gran parte del planeta vive pendiente de las notificaciones de WhatsApp, los likes de Instagram o los vídeos virales de YouTube, en Turkmenistán la realidad es resulta irreconocible: allí, las redes sociales simplemente no existen. No porque sus habitantes no las conozcan —muchos han oído hablar de ellas— sino porque están bloqueadas por orden del Estado.
El acceso a Internet en este país centroasiático es uno de los más limitados y lentos del mundo (Corea del Norte al margen, claro). Para muchos turcomanos, conectarse implica largas esperas, bloqueos constantes y la imposibilidad de usar las aplicaciones globales de mensajería y redes sociales.
Cuando alguien logra descargar un vídeo, se convierte en un pequeño acontecimiento comunitario: se reúne con amigos para verlo juntos, como si fuera un tesoro compartido.
El espejismo digital: plataformas «a la turcomana»
Para suplir la ausencia de servicios globales, el gobierno ha desarrollado sus propias aplicaciones. Bizbarde, una suerte de WhatsApp oficial, y Belet Video, un clon controlado de YouTube, son las alternativas locales. Ambas funcionan bajo un férreo control estatal que filtra cualquier información que pueda mostrar aspectos no deseados del mundo exterior, o del propio país.
Claro está, los medios de comunicación tampoco ofrecen un respiro: todos son estatales, dedicados a difundir propaganda y reforzar el culto a la personalidad de la familia gobernante, los Berdimuhamedov. Las antenas satelitales que en el pasado permitían captar canales extranjeros han sido retiradas recurriendo a pretextos urbanísticos, reduciendo aún más las ventanas de los turcomanos hacia el exterior.
Una censura sin límites
Turkmenistán ocupa los últimos puestos en todos los índices internacionales de libertad de prensa y derechos humanos. Aquí, la censura en Internet no es un daño colateral, sino una política deliberada. Mientras en otros países los gobiernos temen las consecuencias de bloquear servicios masivos, en Turkmenistán se bloquea sin miramientos.
Prácticamente todos los servicios globales de comunicación —Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, Signal, entre muchos otros— están prohibidos. Incluso se obliga a los ciudadanos a jurar sobre el Corán que no utilizarán VPNs, bajo amenaza de multas equivalentes a un salario mensual, según declaraciones a Radio Free Europe:
«Esperé un año y medio tras haber rellenado todos los documentos necesarios y firmé formularios de solicitud pidiendo instalar WiFi en mi casa. Ahora dicen que debo jurar por el Corán que no usaré una VPN, pero nada es accesible sin VPNs. No sé qué hacer».
Un estudio de 2022 reveló la existencia de más de 183.000 reglas de bloqueo y 122.000 dominios censurados, lo que convierte al país en uno de los más digitalmente herméticos del mundo.
La corrupción detrás de la censura
El caso de Turkmenistán demuestra que la censura digital no solo puede ser una herramienta de control político, sino también una fuente de enriquecimiento ilícito. Según denuncia el Proyecto Tor, el Departamento de Ciberseguridad —el organismo estatal responsable de bloquear páginas, controlar el tráfico y ‘proteger’ al país de influencias externas— opera un mercado paralelo en el que se vende, de manera encubierta, lo mismo que oficialmente prohíbe.
El mecanismo es tan perverso como lucrativo: los ciudadanos que desean acceder a un Internet libre deben pagar sobornos o contratar «paquetes especiales» ofrecidos por agentes vinculados a las autoridades. Estas tarifas clandestinas varían según el nivel de acceso:
- VPNs oficiales: se comercializan como si fueran productos legales, aunque en teoría están prohibidos. Su costo ronda los 1.000 manats al mes (unos 50 dólares), una cifra considerable en un país donde el salario medio no supera esa cantidad.
- Accesos filtrados: por precios más bajos se ofrecen conexiones limitadas, que suelen excluir servicios de video o música en streaming, manteniendo así un control parcial sobre lo que consumen los usuarios.
- Acceso total sin restricciones: reservado a quienes pueden pagar hasta 2.000 dólares mensuales, una cifra inalcanzable para la mayoría de los turcomanos y que equivale a varios años de salario promedio.
Este esquema convierte a los censores en auténticos traficantes digitales que han creado un modelo de negocio basado en la represión: primero generan la necesidad bloqueando masivamente servicios, y luego se presentan como los únicos proveedores capaces de satisfacerla.
La paradoja es tal que herramientas gratuitas y seguras como Tor, que podrían permitir a los ciudadanos eludir la censura, son perseguidas con dureza precisamente porque representan una amenaza al negocio privado de los funcionarios. En otras palabras, no es solo un asunto de ideología o control político, sino de intereses económicos personales.
Impacto social y aislamiento
Este sistema tiene un profundo impacto en la vida cotidiana y en la estructura social del país: el aislamiento digital refuerza la desconexión de los turcomanos con el mundo exterior y limita sus posibilidades educativas, culturales y económicas.
La falta de acceso libre a la información no solo alimenta la propaganda oficial, sino que también rompe los vínculos de millones de ciudadanos con la diáspora turcomana, dispersa entre Turquía, Rusia y otros países. Así, la censura se convierte en un arma para controlar no solo lo que los turcomanos ven, sino también con quién se comunican.
Una ventana que se abre… y se cierra
Lo peor es que, en 2024, los turcomanos vivieron un episodio inesperado que muchos bautizaron como la «amnistía digital» y, durante unos meses, las autoridades levantaron bloqueos masivos y permitieron el acceso a millones de direcciones IP previamente censuradas. De repente, los ciudadanos pudieron entrar a páginas de noticias extranjeras, usar herramientas de evasión como Tor, e incluso conectarse a redes sociales globales que llevaban años vedadas.
La noticia corrió de boca en boca. Jóvenes que jamás habían probado WhatsApp pudieron intercambiar mensajes con familiares en el extranjero; otros redescubrieron plataformas como YouTube. Para la diáspora turcomana, que suele mantener un vínculo frágil con sus familias dentro del país, este respiro digital abrió una ventana de comunicación que parecía imposible.
Sin embargo, la ilusión fue efímera. En diciembre de ese mismo año, el gobierno reactivó los bloqueos, esta vez con una ferocidad mayor: se prohibieron rangos completos de direcciones IP, se restringieron servicios de mensajería y se intensificó la persecución contra quienes usaban VPNs. El espejismo de libertad digital se convirtió en frustración y miedo.
Lo más llamativo es que los analistas interpretaron esta breve apertura no como un error o gesto de buena voluntad, sino como una estrategia calculada de manipulación. Al dar a probar a los ciudadanos un ‘trocito’ de Internet libre, se creó una expectativa de acceso que, una vez retirada, aumentó el deseo —y la disposición a pagar— para conseguir conexiones sin restricciones.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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La noticia
Este país ha convertido la censura online en negocio: limita el acceso a Internet para vender sus propias VPN a los ciudadanos
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Genbeta
por
Marcos Merino
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