En abril de 2022, la compañía portuguesa Altri eligió Palas de Rei en Lugo para instalar una gran planta destinada inicialmente a fibras textiles (lyocell). Fue presentada como “el proyecto más importante” de la candidatura gallega a los fondos Next Generation y recibió respaldo político temprano. Sin embargo, conforme se conocieron los trámites y el alcance real, colectivos y medios críticos comenzaron a referirse a la iniciativa como una gran pastera de celulosa, con impactos mucho más amplios de los que sugería la etiqueta de “biofábrica”.
Tres años después, el plan estrella se queda sin enchufe: el Gobierno central lo deja fuera de la planificación eléctrica hasta 2030, y el proyecto entra en zona de riesgo.
La decisión que lo cambia todo: sin subestación, no hay proyecto
Esta semana, el Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado fuera de su planificación 2025-2030 tanto la subestación como el acceso a la red que Altri reclamaba para su planta. Según explica El País, el Ejecutivo ha priorizado inversiones “más viables”, con mayor retorno socioeconómico y menor impacto ambiental, y evita cargar a los consumidores costes de redes asociadas a proyectos con incertidumbre financiera. Greenfiber —la sociedad promotora participada por Altri y Greenalia— sostiene que se trata de una resolución “puramente política” y anuncia recursos; el PP de Galicia habla de “castigo” a la industria lucense, mientras plataformas vecinales y ecologistas celebran el paso, sin bajar la guardia.
El no del Gobierno central. La Secretaría de Estado de Energía alega que la subestación y la conexión pedidas solo darían servicio a este proyecto, cuya ejecución no tiene aún garantizada su financiación, incluida la petición de 250 millones de euros en ayudas públicas (PERTE de descarbonización). “No podemos asumir una inversión de red que podría quedar ociosa”, trasladan fuentes del Ministerio. Por su parte, según El Confidencial, Altri advierte: “Sin conexión no hay inversión”, pero avanza que agotará “todos los mecanismos de recurso”.
La postura de la Xunta. El gobierno gallego sostiene que el proyecto cumple y que la DIA favorable (publicada en el DOG) avala su viabilidad ambiental bajo condiciones y programa de vigilancia, a la espera de otras autorizaciones. La Xunta insiste en que la fábrica sería “energéticamente neutra” y que su exclusión eléctrica “saca a Lugo del mapa industrial”. Por ello, como detallan en El Confidencial, se ha traducido en un enfrentamiento político se ha traducido en duros cruces entre Alfonso Rueda y el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que adelantó la decisión del Gobierno.
El proyecto desde dentro. Diferentes colectivos de plataformas vecinales como Ulloa Viva, cofradías de mariscadores de la ría de Arousa y ONG como ADEGA y Greenpeace alertan de tres impactos clave:
- Agua: captación de 46 millones de litros diarios del Ulla y vertido de unos 30 millones de litros/día —parte a 27 °C— en un río ya tensionado por episodios de eutrofización, con afección potencial a la ría de Arousa.
- Materia prima: consumo anual estimado de madera entre 1,2 millones de m³ y hasta 2,4 millones de toneladas de eucalipto. La divergencia de cifras subraya la polémica sobre la eucaliptización y sus efectos sobre biodiversidad e incendios.
- Emisiones y aire: chimenea de 75 metros y emisiones de compuestos precursores de lluvia ácida, con medidas correctoras sujetas a normativa.
La guerra del agua llega a los tribunales. Mientras se despeja el tablero eléctrico, se enciende el judicial. ADEGA y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), junto a la CIG, han interpuesto recursos contencioso-administrativos para que se declare caducado el expediente de concesión de aguas, al haberse superado el plazo legal de 18 meses sin resolución, según El Salto. A la ofensiva se han sumado siete cofradías del Ulla-Arousa y todo el sector del mejillón gallego. La Xunta replica que la complejidad del procedimiento justifica la demora y que no hay perjuicio a terceros, una interpretación que los demandantes rechazan por generar “inseguridad jurídica”.
¿Y ahora qué? La exclusión eléctrica abre un periodo de alegaciones y una probable judicialización más intensa del expediente. Aunque la DIA favorable de la Xunta mantiene vivo el cauce administrativo, la “pinza” de red eléctrica y concesión de aguas coloca al proyecto en su momento más frágil. “Sin agua y sin conexión”, coinciden los detractores, “no hay macrocelulosa”.
Galicia vuelve a vivir un pulso entre promesa industrial y protección del territorio. Entre una inversión que la Xunta considera tractora y una licencia social que, por ahora, no llega. La planta de Palas de Rei, símbolo de ese conflicto, queda en el aire: a un lado, la falta de red y el frente judicial; al otro, el empeño político por mantenerla a flote. El desenlace ya no se dirime solo en despachos: también en las riberas del Ulla y en la ría de Arousa —y en los tribunales.
Imagen | Greenpeace
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La noticia
La megaplanta de Altri ha causado una enorme respuesta social en Galicia. Y ahora el Gobierno le ha dado la estocada
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Alba Otero
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