Pese al slogan “la motosierra no se apaga”, algunos proyectos mantenerse en pie ante sus recortes. Según números de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP), el Gobierno planea invertir unos US$4000 millones en obras y compras de equipamiento. En los planes aparecen aviones de defensa, la autopista Perón y las represas en Santa Cruz que reciben financiamiento chino.
El documento de la DNIP no sólo revela qué obras y qué provincias aparecen en las prioridades del Gobierno sino también el recorte en inversión pública que sacudió al 2024. La gestión anterior había planificado gastos por $5,3 billones y las estimaciones oficiales al cierre del año pasado contabilizaron erogaciones por $3,2 billones. Es decir, $2,1 billones menos o una cifra cercana a los US$2000 millones.
Desde ese punto de partida, este informe oficial plantea que la inversión pública crecerá 47% en términos nominales para llegar a los $4,8 billones al cierre de 2025.
Si se excluyera la construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, los proyectos en la Ciudad de Buenos Aires serían los que más dinero recibirán: $648.530 millones. Luego se ubicarían los de la provincia de Buenos Aires con $487.774 millones. El podio lo completan los de Córdoba, con $81.721 millones.
El resto se reparte entre los otros 21 distritos, el concepto informado como “interprovincial”, que absorbe $685.000 millones, y la jurisdicción nacional, que se lleva la cifra más alta: $742.324 millones.
Otra forma de analizar el reparto de este dinero es identificar para qué se usará. Según informó la DNIP, el 15% de la inversión se destinará a proyectos viales; el 13%, a las represas Presidente Néstor Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic; el 12%, al Fondo Nacional de la Defensa, que incluye la compra de 24 aviones por $194.750 millones; el 6%, a AySA para obras de acceso al agua potable y cloacas; otro 6%, para infraestructura ferroviaria; el 3% se utilizará en equipamiento de seguridad; y el 2% financiará las obras en la central nuclear Atucha. La mejora integral del ferrocarril Roca, la infraestructura y equipamiento educativo, la modernización de las validadoras SUBE, los acueductos, el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y la construcción de un reactor multipropósito absorberán un 1% cada uno.
Este reparto representa todo un cambio de época. Por ejemplo, el mismo informe de la DNIP pero de 2022 relevó que Agua y Saneamiento concentraba, por entonces, 15,3% del total. Le seguían Vivienda y Urbanismo, con el 14,6% y Transporte, con el 14,2%.
Más allá de las comparaciones con gestiones anteriores, la priorización actual de los gastos en inversión pública deja “ganadores y perdedores”.
Un representante del sector de la construcción estimó que las obras de proyectos viales necesitan entre $1,2 y $1,4 billones. Según el documento de la DNIP, absorberán $717.100 millones. Es decir, casi un 40% menos.
Entre las obras viales que recibirán fondos de la gestión libertaria se destacan la construcción de una autopista en la Ruta Nacional 33, que conectará Bahía Blanca y Tornquist, con un presupuesto de $27.325 millones, y la continuación de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón, también conocida como Camino del Buen Ayre, que demandará $19.716 millones.
Terminar el trabajo
Milei se convirtió en el sexto presidente que intenta concluir esta autopista. Tal como contó LA NACION, su planificación se retrotrae a la década del ’80, pero su historia comenzó en los ’90, durante la gestión de Carlos Menem, con un modelo de financiamiento mediante peaje que no prosperó. En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro Julio De Vido firmaron en Berlín un contrato con una empresa alemana para su construcción por US$250 millones, pero el proyecto volvió a fracasar.
Finalmente, en noviembre de 2010 comenzaron las obras. El proyecto se dividió en cuatro tramos y fue adjudicado a distintas empresas. El contrato total fue de US$432 millones, un monto US$180 millones superior al del acuerdo con los alemanes, y su plazo de ejecución era de 36 meses.
Otra obra con dificultades es la construcción de las represas del sur, denominadas Presidente Néstor Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic, que reciben financiamiento del Banco de Desarrollo de China. Según informó la Jefatura de Gabinete, el avance actual de las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz es de 46% en la represa Cepernic y 19% en la represa Kirchner. Actualmente, los trabajos en ambos proyectos se encuentran paralizados.
Uno de los gastos más notorios es la compra de 24 aviones caza multirol por un total de $194.750 millones, que -según la DNIP- permitirán recuperar la capacidad operativa de la VI Brigada Aérea de Tandil, en la provincia de Buenos Aires.
La planificación también da indicios sobre posibles avances en privatizaciones. Una de las empresas estatales que podría cambiar de dueño es AySA, aunque este año recibirá al menos $207.038 millones para mejorar el acceso al agua potable y el tratamiento de desagües cloacales en el AMBA.
Fuentes de la empresa especificaron que destinarán esos fondos para finalizar el segundo tramo del Sistema Riachuelo, que comenzó en 2015, así como avanzar en la construcción del primer tramo del Río Subterráneo a Lomas de Zamora, y el Colector Catonas, una vía de transporte de líquidos cloacales al a Planta Depuradora en Moreno.
La emergencia ferroviaria también fue contemplada. La Administración de Infraestructura Ferroviaria absorberá $274.181 millones para gastos de capital, financiados mayoritariamente con fuentes externas, que representan el 64%.
Otra empresa pública beneficiada será Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que recibirá $80.000 millones para extender la vida útil de la central nuclear Atucha I, ubicada en Lima, provincia de Buenos Aires. Es la primera central nuclear construida en América Latina y aporta cerca del 1,8% de la electricidad del país. La tarea estará a cargo de Demian Reidel, recientemente designado al frente de la empresa y uno de los hombres de confianza del Presidente.
Entre los proyectos destacados por la DNIP también se encuentran acueductos en Chaco, el San Javier – Tostado en Santa Fe y el del río Colorado en La Pampa.
Tal como publicó LA NACION, el Segundo Acueducto para el Interior del Chaco volvió a ser licitado luego de haber comenzado en 2011, sufrir cambios en su esquema de financiamiento y haber sido alcanzado por la causa brasileña Lava Jato. Según documentos oficiales, la obra tenía una etapa de inversión prevista de tres años. Catorce años después, el Gobierno volverá a destinar fondos públicos para su finalización.
El fortalecimiento edilicio de jardines de infantes contará con una partida de $37.486 millones, con la cual se prevé construir 180 aulas. A su vez, la infraestructura y el equipamiento educativo tienen asignados $66.190 millones, destinados a construir 142 aulas nuevas y equipar otras 88, entre otras acciones.
