En 2021, la Comunidad de Madrid empezó a pensar que era hora de saber qué pasaba en su territorio. Parece una idea absurda, pero lo cierto es que la administración española lleva décadas ordenando su territorio a ciegas. Y en ese contexto, «restablecer la legalidad urbanística» es imposible.
Así que se pusieron a ello y han tardado cuatro años en hacerlo.
¿Qué han encontrado? En términos generales, que tienen un problema: hay 5.334 hectáreas afectadas por asentamientos ilegales en 56 municipios. Eso sí, el problema no está perfectamente distribuido: el 80 % de estos terrenos se concentran en las vegas de los principales ríos madrileños, principalmente en las zonas del Tajuña (2.712 hectáreas), Jarama (1.019), Guadarrama (363) y Tajo (150).
Y claro eso hace el problema mucho más grande. Porque incumplir la regulación urbanística no es solo una cuestión administrativa; al contrario, hay un enorme riesgo para las personas y el medio ambiente. Lo último es fácilmente verificable: hay parques regionales, zonas especiales y lugares protegidos que son claves para la biodiversidad; y se solapan con las zonas afectadas por las construcciones ilegales.
Pero es que, además, como atestigua la propia Comunidad, comporta un riesgo físico enorme porque muchas edificaciones están en zonas inundables, cauces y vegas. Y no hablamos de eventos catastróficos como la DANA, sino de que las riadas de poblados (como Las Sabinas en Móstoles) ha puesto el tema encima de la mesa.
Y nadie tiene respuestas concretas. Sobre todo, porque no es nada nuevo: el estado de impunidad es endémico (y no solo en Madrid) desde hace al menos 20 años. Y no solo hablamos de «falta de control» o de «hacer la vista gorda»: hablamos de que, mientras la juridisprudencia tiene claro que las actuaciones sobre suelo no urbanizable solo pueden ser excepcionales, siempre hay una licencia, una modificaicón puntual o un apaño técnico que complica cumplir la normativa.
Lo que está detrás, en el fondo, son los incentivos contrapuestos entre las dinámicas locales y las regionales. Es algo que llevamos viendo desde el eterno conflicto del Algarrobico.
Es decir, ahora sabemos la magnitud real del problema. El estudio, que pretende evidenciar el compromiso del ejecutivo regional con la protección del suelo, refleja sobre todo décadas de tolerancia. Ahora toca un debate complejo: demolerlo todo o regularizarlo.
Y no se trata de solo de chalets de lujo o asentamientos precarios: hay mucho uso productivo informal que afecta de lleno a la actividad local. Además esto es Madrid, una región que, por su crecimiento demográfico, ya ha ordenado muchas zonas que hasta hace poco estaban igual o peor. Si ampliáramos el zoom: los datos de España no sería mejores.
Y no hay soluciones a la vista.
Imagen | Comunidad de Madrid / Elentir
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La noticia
Madrid tiene dos problemas con sus ríos: el primero son las construcciones ilegales, el segundo es no saber qué hacer con ellas
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Javier Jiménez
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