La tensión entre el Poder Judicial y la administración de Donald Trump escaló este miércoles 16 de abril, luego de que el juez federal James E. Boasberg, con sede en Washington D. C., anunciara que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal por desacato contra algunos funcionarios. La razón de esta acción es la ejecución de deportaciones de migrantes venezolanos pese a una orden que la prohibía expresamente.
El fallo judicial y los vuelos de deportados que no se detuvieron
El 15 de marzo, el juez Boasberg dictó una orden que suspendía las deportaciones de varios migrantes retenidos en un centro de detención de Texas, luego de una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles como ACLU y Democracy Forward. Sin embargo, cuando la orden fue emitida, dos aviones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ya estaban rumbo a El Salvador con más de 130 venezolanos a bordo.
Pese a que el juez había ordenado el retorno inmediato de las aeronaves, las deportaciones se concretaron. Los migrantes fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad en territorio salvadoreño, financiada en parte por EE.UU.
Ante esa situación, Boasberg aseguró que el incumplimiento de su decisión representa una violación grave al principio de separación de poderes y una desobediencia a la autoridad judicial. “La constitución no permite ignorar una orden judicial, especialmente por parte de funcionarios que juraron respetarla”, indicó en su dictamen.
La controversia gira en torno al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma con más de dos siglos de antigüedad que otorga al presidente la autoridad para detener y expulsar ciudadanos de países con los que EE.UU. esté en conflicto.
En marzo de 2025, la administración Trump la utilizó para justificar la expulsión de más de 200 venezolanos, bajo el argumento de que representaban un riesgo para la seguridad nacional y tenían supuestos vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
¿Qué implica el proceso por desacato?
El desacato penal a una orden judicial es una figura poco común en el sistema legal estadounidense, especialmente cuando involucra a miembros del Poder Ejecutivo. El procedimiento puede conllevar sanciones como multas o, en casos extremos, penas de cárcel de hasta seis meses, según lo retomado por The Washington Post.
El juez solicitó al gobierno presentar antes del 23 de abril una justificación detallada que explique por qué no acataron la orden judicial. De no recibir una respuesta satisfactoria, Boasberg advirtió que iniciará un procedimiento más formal para identificar a los funcionarios responsables de autorizar o permitir que los vuelos continuarán su curso.
Según los documentos judiciales, el tribunal dará a los acusados la posibilidad de remediar el desacato con la recuperación de la custodia de los migrantes deportados, lo que no implicaría necesariamente su regreso a EE.UU. ni su liberación.
La reacción de la Casa Blanca al proceso judicial por parte del juez James E. Boasberg
Desde la oficina de comunicaciones del presidente Trump se expresó la intención de apelar la decisión del juez. “Planeamos buscar una apelación inmediata”, publicó el portavoz Steven Cheung en su cuenta de X. “El Presidente está totalmente comprometido a garantizar que los terroristas y los inmigrantes ilegales dejen de ser una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo EE.UU.“, agregó.
De acuerdo con The Washington Post, el Departamento de Justicia, por su parte, invocó el privilegio de secreto de Estado para no proporcionar información adicional sobre los vuelos. Sin embargo, Boasberg se mostró escéptico ante este argumento, dado que parte de la información solicitada ya fue difundida por canales oficiales y no parece comprometer operaciones sensibles.
El proceso abierto por el juez federal podría prolongarse durante varias semanas. En primer lugar, se requerirá esclarecer qué funcionarios estaban al tanto de la orden judicial y quién tomó la decisión final de mantener los vuelos. El tribunal podría solicitar declaraciones juradas, convocar audiencias o incluso designar un abogado externo si el Departamento de Justicia decide no actuar.
