En un fallo sin precedentes, la Justicia estadounidense —encarnada por la jueza Loretta Preska— dictó un fallo de 25 páginas en el que condena a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por supuestas irregularidades en la nacionalización de YPF en 2012. Esta transferencia deberá hacerse en un plazo de 14 días mediante la cesión del 51% de las acciones Clase D de la empresa, que controla el Estado a través de la ANSES y el Tesoro.
Hasta el Departamento de Justicia del gobierno de EE.UU. se opone, y Argentina ya decidió que apelará. ¿Quiénes son los demandantes, de qué se acusa al país y qué es lo que sucedió en el juicio hasta el momento? Xataka Argentina te lo explica todo.
El origen del fallo: quiebra del Grupo Petersen y la compra de Burford
Todos sabemos de la privatización de YPF por allá en 1990, durante el gobierno de Carlos Menem. Entonces, la mayoría de sus acciones se vendieron, el Estado perdió su control y sus nuevos dueños pasaron a ser, principalmente, Repsol e inversores privados.
Pero luego el Grupo Petersen (Petersen Energía Inversora y Petersen Energía), se hizo con el 25% de acciones que le compró a Repsol. Pudo hacerlo mediante un préstamo de un grupo de bancos (Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa). Básicamente, compró las acciones con la promesa de pagar con las ganancias.
Más tarde, tras la expropiación de YPF en 2012, Petersen quiebra y ahí es cuando aparece Burford Capital, que compra sus derechos a litigar. Es decir; adquiere la posibilidad de participar en el juicio, con todos sus derechos y obligaciones. Burford es un hedge fund que se dedica justamente a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo. Una vez los posee, inicia juicios por sumas mucho mayores.
Es en el 2015 cuando se presenta la demanda por primera vez, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Todos los gobiernos sucesivos (Mauricio Macri y Alberto Fernández) sostuvieron la misma posición como estrategia: argumentan que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue fraudulenta.
¿Por qué? Aducen que los acuerdos fueron falsos, que se negoció «sin poner un peso», y que entraba en juego el Estatuto de YPF que ponía como condición, que si alguien compraba más del 15% de las acciones de la empresa, debía compensar a todos sus accionistas con la misma oferta.
Durante el plenario de las comisiones del Senado del 2012, donde se debatía la expropiación, Santiago Pérez Teruel, abogado del equipo de Axel Kicillof, viceministro de Economía por aquel entonces, había señalado: “En lo que se estaría agraviando Petersen es en la imposibilidad de cumplir compromisos privados respecto de los cuales el Estado nacional ni YPF tienen que ver. Si apalancaron la compra de acciones con un contrato privado con un banco, es un riesgo empresario que corrieron ellos”.
La demanda de Burford a la Argentina
Burford Capital demanda al Estado por dos cuestiones: alega que se incumplió con el Estatuto de YPF definido en 1993 (que garantizó su privatización) y que dicta que si un comprador supera más del del 15% de las acciones de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas.
El gobierno compró en 2012 el 51% de las acciones de Repsol, sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición. Sin embargo, hay motivos que sostienen esta decisión: la defensa argentina planteó que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la Ley de Expropiación. Por otro lado, el coste económico. Si esa oferta se hacía a todos los dueños, más allá de la parte comprada, habría implicado comprar el 100% de las acciones a un costo de aproximadamente 19.000 millones, según los cálculos de Kicillof.
El segundo motivo que empuja la demanda de Burford es que dudan de la legalidad de la prohibición del giro de dividendos que se estableció al expropiar la empresa.
¿Sin pasar por el Congreso?
Ahora, la jueza espera que el fallo se resuelva a favor de la demanda en un plazo de 14 días, algo sumamente improbable. Es que cualquier entrega de acciones de YPF debería ser aprobada primero por el Congreso nacional, a través de una nueva ley, porque así fue como se nacionalizó, a través de la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera. Esta ley declaró de interés público nacional y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol.
En el caso de que el presidente Javier Milei quiera cumplir con la sentencia de Preska a través del acostumbrado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de todas formas ese DNU debería ser avalado por el Congreso.
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La noticia
Ordenan que YPF entregue el 51% de sus acciones en el juicio por expropiación: cronología del caso y qué podría pasar
fue publicada originalmente en
Xataka Argentina
por
Fernando G. Villalba
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