En Cantabria, un ciudadano sin partido, sin cargo y sin más altavoz que sus redes sociales ha logrado lo que muchos consideraban imposible: obligar al Gobierno regional a hacer público un software que hasta hace poco permanecía en secreto (obstaculizando así la libre concurrencia a contratos públicos), y defender en los tribunales su derecho a denunciarlo.
El nombre de ese ciudadano es Jaime Gómez-Obregón (ya os hemos hablado de su labor en múltiples ocasiones), y su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo la vigilancia ciudadana puede doblegar tanto la opacidad administrativa como los intentos de silenciar la crítica pública mediante los tribunales.
Un secreto bien guardado
El conflicto comenzó con una denuncia en redes sociales. Gómez-Obregón, conocido hacker y activista por la transparencia en la contratación pública, advirtió que el Gobierno de Cantabria exigía en algunas licitaciones tecnológicas el uso de un conjunto de componentes informáticos propios, un framework interno del Ejecutivo regional. Hasta ahí, nada irregular.
El problema es que ese software no estaba publicado en ningún lugar accesible al público: los únicos que podían conocerlo eran los contratistas que ya trabajaban con la Administración. En la práctica, eso favorecía siempre a las mismas empresas, que partían con ventaja en las licitaciones y mantenían su posición privilegiada.
Lo que Gómez-Obregón señaló era tan simple como grave: si una compañía desconoce los elementos técnicos exigidos, no puede competir en igualdad de condiciones. Y si esos elementos no se publican, se rompen los principios de transparencia y libre concurrencia que establece la Ley de Contratos del Sector Público.
La denuncia que encendió la mecha
El activista decidió hacer público lo que estaba ocurriendo: a través de mensajes en su cuenta de X denunció que el Gobierno regional estaba actuando de forma opaca… y sus publicaciones lograron alcanzar una gran repercusión mediática en medios regionales de Cantabria.
El asunto llegó al Parlamento de Cantabria, provocó la intervención de la consejera de Presidencia y desembocó en la aprobación de una proposición no de ley presentada por un grupo de la oposición.
Finalmente, el framework fue publicado oficialmente, permitiendo a cualquier desarrollador o empresa conocer su contenido. Se había logrado que el mercado fuera más abierto y las reglas más justas.
La victoria de la transparencia parecía completa… pero la historia no había acabado ahí.
Una querella para callar la crítica
El contratista tecnológico más directamente afectado por la publicación —el que hasta entonces se había beneficiado del secretismo— interpuso una querella por injurias contra Gómez-Obregón. Le reclamaba 50.000 euros y le exigía una retractación pública en la que debía reconocer que había mentido.
El activista se negó (al fin y al cabo, era fácilmente comprobable si el software estaba o no disponible públicamente), lo que condujo a que la querella fuera presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander. En su auto, el juez inadmitió de plano la denuncia, desmontando uno a uno los argumentos de la empresa querellante.
«Una crítica política imprescindible en un Estado democrático»
En su resolución, el magistrado fue contundente: las publicaciones de Gómez-Obregón no contenían insultos, no identificaban directamente a la empresa querellante y se enmarcaban en un debate político legítimo sobre la transparencia en la contratación pública:
«El asunto afecta a la gestión de un gobierno regional, y constituye una crítica política imprescindible en un Estado democrático».
El juez calificó la pretensión de la empresa de «perfecto dislate», y recordó que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocen que, en asuntos de interés general, la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor salvo en casos de insultos o acusaciones falsas.
El efecto SLAPP: intimidar, no ganar
El caso se enmarca en lo que en el ámbito europeo se conoce como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), o demandas estratégicas contra la participación pública: acciones judiciales que no buscan tanto ganar un caso como intimidar a quien fiscaliza al poder, obligándole a gastar tiempo, dinero y energía en su defensa.
Y es que, aunque Gómez-Obregón ganó, el proceso fue en sí mismo una forma de castigo: meses de incertidumbre, costes personales y el desgaste de enfrentarse a una querella penal.
Este tipo de litigios preocupa cada vez más en Europa. La Comisión Europea ha advertido que las SLAPP constituyen una amenaza directa a la libertad de prensa y al activismo cívico, y ha instado a los Estados miembros a establecer mecanismos de protección frente a estos abusos.
De la querella a la lección democrática
Más allá del proceso judicial, el caso nos deja tres lecciones esenciales:
- Primero, que no hay transparencia administrativa sin transparencia tecnológica.
- Segundo, que sin crítica ciudadana no hay democracia.
- Y tercero, que la justicia puede y debe actuar como dique frente a quienes utilizan el derecho penal (y sus mayores recursos) para amedrentar y silenciar a los que ejercen dicha crítica.
Vía | Hay Derecho
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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La noticia
Que este software del Gobierno cántabro fuera secreto sólo favorecía a una empresa. Un hacker ha ganado la batalla política y legal
fue publicada originalmente en
Genbeta
por
Marcos Merino
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