El Congreso de los Diputados rechazó el martes 22 de julio el llamado decreto «antiapagones», una norma que pretendía reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 abril.
La derrota parlamentaria. El texto, aprobado en Consejo de Ministros como Real Decreto-ley 7/2025, no logró los apoyos necesarios para su convalidación: 183 votos en contra frente a 165 a favor. Entre los votos negativos estuvieron los de PP, Vox, Podemos, Junts, BNG y UPN, además del diputado de la Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Pueyo, que rompió la disciplina de voto.
Este varapalo, que llega justo antes del parón veraniego, impide la aplicación de un paquete de medidas técnicas urgentes para el sistema energético español. La norma pretendía, entre otras cosas, mejorar la supervisión de la red eléctrica, facilitar el acceso a nuevas industrias, fomentar el autoconsumo y penalizar incumplimientos por parte de las grandes eléctricas.
Ni tan mal. Pese a que el Gobierno logró sacar adelante seis de las siete leyes que llevó al pleno, la caída del decreto más estratégico del día dejó una sensación de derrota. Como recogió RTVE, desde Montevideo, donde se encuentra de gira, Pedro Sánchez trató de quitarle hierro al asunto: “Ni tan mal”, dijo, aunque fuentes gubernamentales reconocen su “decepción” ante lo que consideran un voto “contra el interés general”.
Detrás del rechazo. Los motivos que han terminado en esta situación son tan diversos como los partidos que lo han tumbado. Por un lado, el Partido Popular ha considerado que la norma era un respaldo encubierto a una política energética que consideran fallida y poco transparente, además de criticar que no haya habido ninguna dimisión tras el apagón del 28 de abril. Por su parte, Podemos se ha desmarcado de sus socios de Gobierno al considerar que el decreto no contenía sanciones reales contra el oligopolio eléctrico y lo han tachado de “maquillaje legislativo” sin efectos transformadores. En el caso de Vox, el rechazo ha sido ideológico y frontal a cualquier iniciativa del Ejecutivo.
Otras formaciones como Junts y BNG han interpretado el texto como una cesión excesiva a las grandes empresas energéticas y han querido marcar distancias en un momento clave de negociación con el Gobierno. En conjunto, la norma ha terminado siendo víctima de una legislatura fragmentada, de intereses cruzados y de la desconfianza política incluso dentro del bloque que sostiene al Ejecutivo.
El origen del decreto. Según ha detallado El Salto, el decreto nació en junio tras un informe que culpaba del apagón del 28 de abril a Red Eléctrica de España y a las grandes generadoras (Endesa, Iberdrola, Naturgy). Las medidas, según explicó la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, pretendían prevenir nuevas crisis como esa y desbloquear proyectos pendientes en un sistema eléctrico saturado. Aagesen apeló al “consenso social” detrás de la norma, que contaba con el apoyo de asociaciones empresariales, ecologistas y del sector de las renovables.
Desgranando el decreto. El Real Decreto-ley 7/2025 era más técnico que político, pero con implicaciones profundas. Según El Salto, algunas de sus claves eran mayor control público (como informes de la CNMC con más frecuencia, inspecciones a operadores), impulso al autoconsumo (como la figura del gestor de comunidades energéticas y el aumento de la distancia entre producción y consumo de 2 a 5 km), penalizaciones a centrales de gas y nucleares por no absorber energía reactiva —medida hasta ahora solo aplicada a renovables—, revisión de planificación de la red cada tres años, y autorizaciones más ágiles, incluso con posibilidad de compartir puntos de conexión.
Pese a no contener una transformación estructural del modelo energético ni una empresa pública, algunos colectivos lo celebraban como un “primer paso” para descentralizar el sistema. Como han señalado desde el mismo medio, la Alianza por el Autoconsumo, que agrupa a más de 60 entidades sociales, calificó el decreto como “la gran palanca” para democratizar la energía. También se valoró positivamente por permitir que las energías renovables actuaran como energía de respaldo, una función hasta ahora reservada a las centrales térmicas.
El tema es más profundo. El sistema eléctrico español está saturado: solo una de cada diez solicitudes de acceso a la red fue atendida en 2024, pese a que existía capacidad técnica no utilizada, como han señalado en El Periódico de la Energía. Esta rigidez es un freno para proyectos industriales estratégicos como el hidrógeno verde, la fabricación de baterías o los centros de datos, que requieren conexiones ágiles y estables. El decreto trataba de anticiparse a estos problemas con una planificación más dinámica y una normativa proactiva, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea.
Una vez termine el verano. El Gobierno ha anunciado su intención de reformular el texto, pero el golpe es significativo. Mientras tanto, el PP planea presentar una ley alternativa junto a las comunidades autónomas. Según Expansión, las patronales del sector energético piden soluciones rápidas y advierten de los riesgos para la competitividad si no se actúa con urgencia. Cada mes de retraso representa oportunidades perdidas para atraer inversión verde e industrial.
Una oportunidad bloqueada. El decreto antiapagones no era perfecto, pero sí necesario, según buena parte del sector. Su rechazo evidencia las limitaciones de la política energética española, donde intereses enfrentados, luchas de poder y desconfianzas internas pesan más que la urgencia climática o industrial.
Ahora, mientras el país lidia con una red eléctrica colapsada y el fantasma de nuevos apagones, el reloj sigue corriendo. Y cada mes sin solución es una oportunidad menos para liderar la transición energética que Europa exige y que España podría encabezar.
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La noticia
Un apagón en abril y un colapso total en julio: lo que el fracaso del «decreto antiapagones» implica para España
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Xataka
por
Alba Otero
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