En los últimos años, las llamadas comerciales no deseadas se han convertido en una de las principales molestias para los consumidores españoles. El primer intento de cambiar esto tuvo lugar con la actualización de la Ley General de Telecomunicaciones. Pero es ahora, a mitad de 2025, cuando España ha impuesto su primera multa por spam telefónico, marcando un hito en la lucha contra estas prácticas intrusivas.
¿Qué dice la ley?
La Ley General de Telecomunicaciones, actualizada en 2022 y en vigor desde el 29 de junio de 2023, establece una norma clara: ninguna empresa puede realizar llamadas comerciales a particulares sin su consentimiento previo. Solo se permiten excepciones si el usuario ha autorizado explícitamente estas comunicaciones o si ha sido cliente de la empresa en el último año.
Esta reforma tenía como objetivo poner fin a una práctica invasiva que afectaba la privacidad de millones de personas. A partir de su entrada en vigor, las empresas que infringieran esta normativa se exponían a sanciones económicas severas que pueden alcanzar hasta dos millones de euros, dependiendo del tamaño y volumen de negocio del infractor.
La primera multa: el caso de Adverbis Spain, S.L.
El precedente lo ha marcado Adverbis Spain, S.L., una agencia de marketing digital. El 27 de julio de 2023, apenas un mes después de la entrada en vigor de la ley, realizó una llamada comercial no autorizada a un particular, que para más inri estaba inscrito en la Lista Robinson, un registro gratuito que permite a los usuarios excluirse de campañas publicitarias.
La persona afectada denunció el hecho ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que finalmente ha terminado imponiendo una sanción administrativa de 5.000 euros. Aunque la cantidad puede parecer baja, se debe a que se trataba de una empresa de pequeño tamaño. En otras circunstancias, la multa habría sido mucho mayor.
El procedimiento para denunciar
La AEPD ha habilitado un formulario web específico para que cualquier ciudadano pueda denunciar llamadas no deseadas. Está disponible en su sede electrónica y permite presentar reclamaciones de forma rápida y gratuita.
Además, si la empresa infractora está adherida al Código de Conducta de Autocontrol, el ciudadano puede optar por resolver la disputa a través de esta entidad en un plazo inferior a 30 días.
Más allá del spam comercial: un problema de seguridad
A pesar de este avance legal, la mayoría de llamadas de spam en 2025 ya no provienen de empresas legítimas, sino de ciberdelincuentes. Estas llamadas pueden tener objetivos más peligrosos: estafas, suplantación de identidad o grabación de voz para usos fraudulentos. Algunas incluso se limitan a buscar que la víctima diga «Sí» para simular una autorización.
Nuevas medidas para frenar el spam
Ante la evolución del problema, el Gobierno español ha adoptado recientemente tres medidas clave para reforzar la protección:
- Bloqueo de llamadas internacionales fraudulentas que simulan números locales.
- Implantación de prefijos especiales que identifiquen claramente las llamadas comerciales.
- Nulidad legal de contratos o ventas realizadas mediante llamadas sin consentimiento.
Estas acciones buscan cortar de raíz tanto el acoso publicitario como las amenazas a la seguridad de los ciudadanos.
¿Qué puede hacer el ciudadano?
Para evitar el spam telefónico, los consumidores disponen de varias herramientas:
- Inscribirse en la Lista Robinson o en alternativas como StopPublicidad.
- Denunciar a través de la AEPD cualquier infracción.
- No responder a llamadas sospechosas y evitar facilitar información personal por teléfono.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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La noticia
Ya está aquí la primera multa por spam telefónico en España: 5.000 euros por llamar a un usuario de la Lista Robinson
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Genbeta
por
Marcos Merino
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