El movimiento del Gobierno de la India para obligar a instalar una aplicación de seguridad en todos los móviles vendidos en el país ha durado menos de una semana. El 28 de noviembre, el Ministerio de Telecomunicaciones remitió una comunicación privada a los fabricantes en la que les daba 90 días para cumplir con la medida. Sin embargo, el rechazo generalizado de la opinión pública, las dudas sobre su impacto en la ciberseguridad y la aparente oposición de algunos fabricantes han forzado un giro en los planes.
La orden empezó a ganar relevancia pública cuando se conocieron sus detalles internos. Reuters señaló que el Gobierno no solo pedía la presencia obligatoria de Sanchar Saathi en los nuevos móviles, sino también su incorporación en los que ya estaban en la cadena de suministro mediante actualizaciones de software. La agencia también informó de que la instrucción inicial especificaba que la aplicación no podía desactivarse.
Qué es Sanchar Saathi. La propia web del programa define la herramienta como un servicio público orientado a empoderar a los usuarios frente a fraudes y robos de dispositivos. Está disponible como aplicación móvil y también como portal web, desde donde es posible bloquear temporalmente un teléfono perdido, rastrear intentos de uso posteriores y, en caso de recuperarlo, reactivarlo. El Gobierno enmarca estas funciones dentro de un esfuerzo más amplio de educación digital, con materiales y avisos sobre seguridad para el usuario final.
Del discurso de seguridad a las dudas sobre vigilancia. El debate se intensificó cuando figuras de la oposición y especialistas en privacidad cuestionaron la iniciativa. A su juicio, una aplicación gestionada por el Estado, sumada a un mandato tan amplio, exigía garantías adicionales para descartar usos intrusivos. Organizaciones como la Internet Freedom Foundation pidieron transparencia y acceso al texto legal completo. Ante la presión, Scindia defendió públicamente que “espiar no es posible” con Sanchar Saathi y negó que la app pueda utilizarse para vigilancia.
La oposición de los fabricantes añadió presión al proceso. Reuters indicó que Apple no tenía intención de acatar la orden tal como estaba planteada y que trasladaría sus objeciones al Gobierno, mientras que Samsung y otros actores expresaron reservas similares. Según fuentes citadas por medios internacionales, las compañías cuestionaban que la instrucción se hubiera emitido sin una consulta previa y alertaban de su impacto sobre las políticas de privacidad de sus ecosistemas. El contexto no era menor: India se ha convertido en uno de los mercados de mayor crecimiento para el smartphone, especialmente para compañías como Apple y otros grandes fabricantes.
Una marcha atrás exprés con cifras de éxito en mano. La rectificación llegó el 3 de diciembre, cuando el Ministerio de Comunicaciones publicó una nota anunciando que la preinstalación obligatoria dejaba de ser necesaria. La decisión se justificó en la “creciente aceptación” de Sanchar Saathi, que según el Gobierno suma ya 14 millones de usuarios y permite reportar alrededor de 2.000 fraudes diarios. Solo el día previo, 600.000 nuevos registros habían impulsado un crecimiento de diez veces. Scindia insistió entonces en que “espiar no es posible”, pese al escepticismo de grupos especializados.
En los últimos años, como recoge Bloomberg, India ha impulsado decisiones que han obligado a las grandes tecnológicas a reajustarse, como las demandas de acceso a información cifrada o los intentos recientes de que los fabricantes distribuyan el paquete de apps públicas GOV.in. Todo ello ocurre en un mercado que es estratégico para Apple y Google, tanto en ventas como en producción. La retirada del mandato deja claro que estas dinámicas siguen en evolución y que los equilibrios posiblemente seguirán redefiniéndose.
Imágenes | Ministerio de Comunicaciones de India | Piyanshu Sharma
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La noticia
India quiso imponer una app estatal imborrable en todos los móviles. En cuestión de días tuvo que dar un giro inesperado
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Xataka
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Javier Marquez
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