El encarecimiento acelerado del alquiler en la Comunidad Valenciana (como el de otras regiones españolas) ha dejado de ser únicamente un problema social para convertirse también en un lastre económico que condiciona incluso la capacidad de las empresas para contratar talento.
Lo que antes parecía una realidad limitada a territorios tensionados como Baleares hoy se extiende a Valencia, Alicante y a los principales municipios turísticos, donde cada vez más profesionales rechazan ofertas laborales ante la imposibilidad de residir en una vivienda digna.
Además, el precio de la vivienda está provocando un éxodo hacia municipios del interior, lo que implica mayores distancias, más gasto en transporte y una creciente predisposición a rechazar empleos, especialmente entre trabajadores con familia o con jornadas intensivas.
En este contexto, un número creciente de empresarios está recurriendo a ayudas al alojamiento, pisos de empresa o incluso la compra directa de viviendas con el fin de garantizar que los trabajadores acepten o mantengan sus puestos.
Un mercado del alquiler que expulsa a los trabajadores
En Valencia y en sus alrededores, muchos candidatos rechazan oportunidades laborales porque no pueden afrontar alquileres que superan con creces sus salarios, especialmente en profesiones con retribuciones medias. Tal como explica Víctor Tatay, director de Adecco, un joven que cobra 1.400 euros no puede destinar «el 70 % de su salario» a pagar un alquiler que puede llegar a mil euros mensuales.
La tensión del mercado no sólo limita la llegada de nuevos trabajadores, sino que también obliga a quienes ya están empleados a buscar soluciones drásticas: desde directivos de 50 y 60 años que trabajan en Valencia entre semana y se ven forzados a compartir piso, hasta estudiantes que renuncian a vivir en la ciudad y se desplazan cada día desde sus municipios de origen por no poder pagar habitaciones por encima de 400 euros.
La provincia de Alicante vive una situación paralela. Cada vez más profesionales especializados —incluidos médicos— rechazan la incorporación tras varios intentos fallidos de encontrar vivienda en las zonas demandadas: Benidorm, Torrevieja y la propia capital. Algunas compañías han empezado a incluir directamente el alojamiento en sus ofertas ante la evidencia de que los precios de mercado son «inasumibles» incluso cuando la oferta salarial es competitiva.
La presión turística agrava el escenario. Municipios como Benidorm o Torrevieja combinan una intensa demanda de segundas residencias con la necesidad de cubrir miles de empleos en hostelería, sanidad, construcción o transporte, lo que genera una paradoja: hay trabajo, pero no hay casas para quienes deben ocupar esos puestos.
En Benidorm, por ejemplo, el alquiler medio ronda los 1.600 euros mensuales, mientras que en Torrevieja se sitúa en torno a los 1.200 y en Alicante supera los 1.300 euros . Para muchos sueldos medios, es directamente inasumible.
Cuando la empresa se convierte en casero
Ante este escenario, empiezan a proliferar soluciones que hace pocos años habrían parecido extraordinarias:
- Compra directa de viviendas por parte de empresarios: Según recoge El Diario de Levante, un hostelero de Valencia adquirió un piso por 90.000 euros para evitar perder a su empleada más veterana, cuyo casero había elevado el alquiler de 400 a 700 euros. El empresario se lo alquilará por 500 euros, garantizando su continuidad laboral.
- Habitaciones de empresa para retener personal: En Benidorm, una empresa del sector del transporte proporciona habitaciones a sus conductores para evitar su marcha, según explica Manuel Ríos Arias, fundador de la consultora Mohure .
- Gestión del alojamiento para candidatos: Algunas compañías intermedian directamente en la búsqueda de vivienda, sobre todo cuando necesitan perfiles cualificados o mandos intermedios, un colectivo que difícilmente acepta compartir piso. Esta práctica, que antes se veía sólo en las islas, comienza a normalizarse en Alicante y Valencia.
- Vivienda incluida como parte de la retribución: Aunque cada vez más frecuente, esta medida presenta dificultades fiscales: cuando el trabajador se traslada de manera permanente, la vivienda se considera retribución en especie, por lo que debe tributar por ella. Si el piso es propiedad de la empresa, se aplica un 10 % de su valor catastral; si está alquilado, el trabajador debe declarar el importe del alquiler asumido por la empresa.
Sectores más afectados
La construcción es uno de los sectores más perjudicados. Una constructora valenciana contrata obreros en Albacete y asume su alojamiento para que acepten el empleo, ya que no pueden pagar una vivienda en Valencia.
La sanidad vive una problemática similar. En Alicante se han documentado casos de médicos que acuden varias veces en busca de vivienda y finalmente rechazan la plaza ante la imposibilidad de encontrar un alquiler razonable.
El turismo y la hostelería completan la lista: sectores intensivos en mano de obra, pero ubicados precisamente en las zonas donde los precios han alcanzado valores máximos históricos.
Un cambio de perfil en quienes sí pueden instalarse
Mientras muchos trabajadores no pueden asumir los alquileres, otros con mayor poder adquisitivo están ocupando el mercado disponible. Tal como indica la inmobiliaria Recasens Real Estate, llegan a Valencia profesionales extranjeros o teletrabajadores capaces de pagar hasta 3.200 euros mensuales por una vivienda en la capital valenciana, desplazando todavía más a quienes dependen de un salario local.
Vía | Información.es
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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La noticia
Los alquileres imposibles son un obstáculo para la llegada de profesionales a la Comunidad Valenciana: así están respondiendo las empresas
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Genbeta
por
Marcos Merino
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