España creía tener clara su posición respecto al cierre de las nucleares. Eso acaba de cambiar

España creía tener clara su posición respecto al cierre de las nucleares. Eso acaba de cambiar

El debate sobre una posible prórroga de las centrales nucleares ha vuelto a escena y ha encendido el foco mediático. Las eléctricas insisten en alargar su funcionamiento más allá de lo previsto, pero el Ejecutivo niega que se estén manteniendo negociaciones formales y remite a las condiciones que ya fijó como imprescindibles.

Una carta y tres condiciones. Iberdrola y Endesa enviaron una carta conjunta al Gobierno hará más o menos un mes. En ella, propusieron reabrir el debate sobre el cierre progresivo del parque nuclear —que contempla el apagado de los siete reactores entre 2027 y 2035— con el argumento de que mantener operativas algunas centrales reduciría el coste de la electricidad para los consumidores.

Según El País, el Gobierno respondió mediante otra carta firmada por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, abriéndose a valorar la propuesta bajo tres condiciones inamovibles: que no haya coste adicional para los ciudadanos, que se garantice la seguridad del suministro y que las plantas cumplan con los estándares del Consejo de Seguridad Nuclear.

Hasta ahí «dialogaron». Según ElDiario.es, el Gobierno considera la misiva de las eléctricas como una declaración de intenciones, no una petición formal. Además, Naturgy y EDP —también propietarias minoritarias de algunas centrales— no suscribieron el documento, lo que deja a Iberdrola y Endesa en solitario.

El debate se intensifica. La situación se complejiza por una razón primordial que no es técnica, sino la viabilidad económica de las nucleares. Como ha explicado El Confidencial, las eléctricas consideran que operar con la actual carga fiscal es inviable si el precio de mercado no supera los 65-70 €/MWh. En contraste, los precios proyectados rondan los 55 €/MWh para 2030.

En este contexto, el CEO de Endesa, José Bogas, plantea al Gobierno una rebaja fiscal, especialmente de impuestos autonómicos (como el ya eliminado en la Comunidad Valenciana) y de la tasa Enresa, que financia el desmantelamiento de las centrales y la gestión de residuos. Sin embargo, según el MITECO, esta rebaja fiscal supondría un perjuicio para los ciudadanos, y por tanto choca frontalmente con sus líneas rojas.

Almaraz, el primer termómetro. El foco inmediato está en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), cuyo primer reactor debe cerrar en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028. Iberdrola, Endesa y Naturgy —sus tres propietarias— aún no se han reunido para aprobar las inversiones necesarias que permitirían su operación más allá de esas fechas. La reunión prevista para junio no se ha celebrado, y fuentes del sector admiten que no ocurrirá antes de septiembre.

Mientras tanto, las compañías preparan una nueva propuesta que, según El Confidencial, podría presentarse tras el verano en una reunión aún no confirmada con la ministra Aagesen. El plan sería ofrecer una rebaja de impuestos a cambio de prolongar la actividad de algunas centrales hasta 2030. Sin embargo, el Ministerio insiste: si las condiciones no cambian, no habrá negociación.

Un tema candente en el Congreso. El debate está más que servido desde en el terreno político. Por un lado, el Partido Popular preparando una proposición de ley para prorrogar la vida de las nucleares. La propuesta contaría con el respaldo de varios gobiernos autonómicos del PP —como Extremadura y Comunidad Valenciana— y el apoyo parlamentario de Junts y ERC, que han mostrado flexibilidad en el Congreso en relación con la revisión del calendario nuclear.

Sin embargo, el Gobierno ha reafirmado su postura. Como ha recordado El Confidencial, el presidente Pedro Sánchez fue tajante en el Congreso el pasado mayo, acusando a PP y Vox de actuar como “lobistas amateur” de las eléctricas. “Si las compañías quieren mantener abiertas las centrales, que lo paguen ellas, no los ciudadanos”, zanjó.

Haciendo frente a un marco europeo ambivalente. Además, la posición jurídica de la energía nuclear en la UE añade complejidad, ya que la normativa europea no considera la energía nuclear como una fuente renovable. Así lo establece la Directiva 2018/2001 (RED II), una visión que también ha adoptado la legislación española. No obstante, en 2022, la Comisión Europea dio un giro parcial al incluir esta tecnología, bajo determinadas condiciones, en la llamada “taxonomía verde”, junto al gas natural. Esa clasificación permite que ciertas inversiones nucleares puedan etiquetarse como sostenibles desde el punto de vista climático.

Como ha indicado Miguel Huarte en Expansión, esto sitúa a la nuclear en una zona gris normativa: no es renovable, pero sí libre de emisiones en su operación. Y mientras Francia o Bélgica ya han optado por extender sus parques atómicos, España mantiene el rumbo opuesto.

Acelerando otra ruta. Paralelamente, el MITECO ha tramitado este 31 de julio un nuevo Real Decreto por la vía urgente para reforzar el sistema eléctrico. Como han señalado en nota de prensa, se trata de una norma técnica que no aborda directamente el calendario nuclear, pero sí apunta a un refuerzo del sistema eléctrico mediante medidas de supervisión, electrificación de la demanda y fomento del almacenamiento energético.

Entre otras medidas, la propuesta aumenta el control técnico de Red Eléctrica y de la CNMC, promueve la hibridación de renovables con sistemas de almacenamiento y limita la especulación sobre puntos de conexión. Aunque el texto no menciona las nucleares, refuerza la idea de que la apuesta gubernamental sigue siendo clara: avanzar hacia un mix 100% renovable.

Una puerta entreabierta. El cruce de cartas entre eléctricas y Gobierno ha servido más para trazar líneas rojas que para abrir puertas. Lo que se juega, más allá del kilovatio, es el modelo energético del país: uno donde las renovables avanzan implacables y la nuclear intenta arañar tiempo bajo la promesa de estabilidad.

Pero como bien ha apuntado El Diario.es, sin una propuesta formal y sin una renuncia explícita a los privilegios fiscales, las eléctricas seguirán esperando a las puertas de un Ministerio que, por ahora, se mantiene firme: o cumplen con las condiciones, o el calendario de cierre seguirá su curso. El futuro de Almaraz —y quizás el del parque nuclear entero— se decidirá, si acaso, después del verano. Y con muchas más cartas aún por jugar.

Imagen | ForoNuclear

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España creía tener clara su posición respecto al cierre de las nucleares. Eso acaba de cambiar

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Alba Otero

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